Política

Pedro Sánchez exige a la Comunidad de Madrid revocar las medidas contra docentes

El Gobierno enviará un requerimiento a la Comunidad de Madrid para anular las instrucciones de neutralidad impuestas a los profesores durante la huelga. La medida de la Consejería de Educación ha provocado el rechazo de 165 asociaciones de familias y de más de 500 docentes.

Pedro Sánchez exige a la Comunidad de Madrid revocar las medidas contra docentes

Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno enviará un requerimiento a la Comunidad de Madrid para que revoque las instrucciones que exigen un “deber de neutralidad” a los docentes durante la huelga que mantiene el sector desde el pasado 14 de octubre. El presidente del Gobierno utilizó su cuenta en la red social X para denunciar la “represión” del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso contra los derechos de los profesores. Yo considero que las imágenes compartidas por Sánchez, que muestran un formulario de denuncia de la época franquista junto al actual modelo de la Consejería de Educación, dejan clara la gravedad de la denuncia sobre la vuelta de la censura ideológica. La instrucción de 11 páginas fue remitida el jueves a los equipos directivos de los centros públicos de enseñanza no universitaria y establece que no está permitido animar a los alumnos a sumarse a protestas, huelgas, concentraciones o recogidas de firmas relacionadas con conflictos políticos o sindicales. Pedro Sánchez denunció la medida de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid calificándola como una forma de represión que busca silenciar las reivindicaciones del profesorado que mantiene una huelga indefinida en la región. Varios juristas han cuestionado que el principio de neutralidad ideológica pueda utilizarse para impedir manifestaciones relacionadas con una huelga o para restringir derechos fundamentales de los docentes.

Restricciones en los centros educativos

El documento dictado por la Viceconsejería de Política y Organización Educativa busca que los docentes cumplan su función de “educar” y “no adoctrinar” a los alumnos. Entre las medidas impuestas, la Comunidad de Madrid prohíbe el uso de las aulas, las plataformas de comunicación oficiales o las fachadas de los colegios e institutos para promover la protesta. La Consejería de Educación también ha distribuido un formulario para que familias, estudiantes o trabajadores de los centros puedan denunciar posibles incumplimientos que pueden derivar en sanciones disciplinarias. Yo veo una intención deliberada de fiscalizar el discurso docente mediante la creación de un mecanismo de vigilancia interna en los centros.

Medidas y prohibiciones en los centros de Madrid
Prohibición de usar aulas o plataformas para la huelga
Veto a la colocación de pancartas en fachadas escolares
Prohibición de invitar a alumnos a huelgas o concentraciones
Veto a la presencia de personas ajenas a la plantilla en horario lectivo
Prohibición de realizar comentarios sobre compañeros que trabajan

Las directrices prohíben específicamente transmitir opiniones políticas, ideológicas o sindicales a los estudiantes y vetan cualquier presión para que participen en campañas de recogida de firmas. El formulario de denuncia permite informar sobre la presencia de personas ajenas a la plantilla en horario lectivo para tratar el conflicto o sobre los señalamientos hacia compañeros que deciden asistir a clase durante la huelga. También se prohíbe usar materiales de propaganda o colocar carteles en espacios de los alumnos.

El rechazo de los colectivos y sindicatos

La reacción contra las medidas de Isabel Díaz Ayuso ha sido inmediata y masiva entre los colectivos educativos. Un total de 165 asociaciones de madres y padres de alumnos de distintos centros madrileños se han adherido, en apenas 24 horas, a un manifiesto de rechazo contra las instrucciones de la Consejería de Educación. Estas familias expresan su profunda preocupación ante el hecho de que, bajo el argumento de la neutralidad, se pretenda limitar la libertad de expresión o silenciar las reivindicaciones legítimas del profesorado. Por su parte, más de 500 profesores se concentraron el pasado viernes ante la sede de la Consejería de Educación para denunciar un examen de obediencia. El comité mixto de la huelga indefinida anunció su intención de impugnar las instrucciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para lograr la suspensión inmediata de las medidas. Los sindicatos argumentan que se están usando disposiciones sin rango normativo para modificar de manera alegal o ilegal la ley educativa vigente. Todos los partidos de la izquierda nacional se han sumado al rechazo de estas disposiciones. Yo no veo otra explicación para esta maniobra que no sea un intento de controlar la actividad sindical mediante el uso de reglamentos internos que sobrepasan la legislación establecida.