El deber de neutralidad en los centros públicos
La Viceconsejería de Política y Organización Educativa ha enviado instrucciones a los equipos directivos de los centros públicos para imponer el "deber de neutralidad" ante el alumnado. Yo considero que esta medida es muy estricta, ya que prohíbe a los profesores utilizar las aulas, las plataformas de comunicación oficiales, las redes sociales o las fachadas de los colegios e institutos para promover la huelga que el sector mantiene desde el 14 de octubre. El documento, dictado por la Viceconsejería de Política y Organización Educativa y dirigido también a la Inspección y a los equipos directivos, advierte de que la función de la escuela es "educar, no adoctrinar" para lo que han establecido un listado de prohibiciones. El Gobierno regional prohíbe aprovechar las clases, las tutorías, los exámenes o incluso los periodos de servicios mínimos para intentar ganar el apoyo del alumnado hacia las reivindicaciones de la huelga. También veta hacer comentarios, juicios de valor o señalamientos ante alumnos y familias sobre los compañeros que hacen huelga o que deciden ir a trabajar. No está permitido animar a los alumnos a sumarse a protestas, concentraciones, recogidas de firmas o campañas relacionadas con conflictos políticos, ideológicos o sindicales. Además, queda prohibido usar las plataformas oficiales de la Consejería como Raíces, Roble o EducaMadrid, las redes sociales institucionales, las circulares o las reuniones con padres para enviar manifiestos sindicales. Tampoco se pueden usar las fotocopiadoras o el papel del centro para repartir propaganda ni colgar pancartas en las fachadas o espacios comunes. El incumplimiento de estas normas activará el régimen disciplinario de los empleados públicos.
Refuerzo de los servicios mínimos y medidas para la selectividad
La huelga indefinida en la educación pública madrileña suma 23 jornadas de paro hasta el 16 de noviembre y 413.076 horas de clase perdidas. Para evitar que el alumnado se vea perjudicado, la Comunidad ha aprobado un refuerzo de los servicios mínimos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid que entrará en vigor el viernes. Yo veo que la prioridad absoluta de la Consejería es el segundo de Bachillerato para evitar desventajas en la selectividad, dado que se han visto afectadas 12.767 clases.
| Plazo para la cobertura de horas en 2º de Bachillerato | Porcentaje de horas lectivas semanales |
|---|---|
| Hasta el 31 de enero | 50 % |
| Hasta el 30 de abril | 75 % |
| Desde el 1 de mayo hasta el final del curso | 90 % |
Además, la orden incorpora un docente más por cada tres unidades en sexto de Primaria, cuarto de la ESO y los últimos cursos de Formación Profesional.
| Nivel educativo | Ratio de alumnos por profesor |
|---|---|
| Infantil y Primaria | 1 por cada 50 |
| ESO | 1 por cada 90 |
| Bachillerato y FP de Grado Medio/Superior | 1 por cada 70 |
Adaptación del temario y respuesta sindical
Las jefaturas de estudios disponen de cinco días para realizar un diagnóstico de las sesiones lectivas perdidas, materia a materia y grupo a grupo. Este informe debe comunicarse a las familias mediante las plataformas Raíces o Roble con una perspectiva "objetiva y neutral" y no identificará al personal que ejerce el derecho de huelga. Yo encuentro que la medida es tensa, porque la semana pasada los sindicatos CCOO, UGT, CGT y CNT denunciaron actuaciones para retirar pancartas y carteles de los centros. Las organizaciones defienden que informar sobre la movilización es parte de la libertad sindical, mientras la Consejería ordena priorizar los "aprendizajes imprescindibles". En los cursos de especial protección, la Consejería exige priorizar los contenidos de mayor peso en la prueba para evitar la supresión de materia y facilitar modelos de exámenes anteriores. El profesorado en servicios mínimos debe garantizar una "atención educativa básica" de repaso, pero la orden prohíbe que el docente que cubra a un compañero avance temario. Las reivindicaciones incluyen una reducción de las horas lectivas, una subida salarial de 600 euros mensuales, más recursos para la diversidad, menos burocracia y mejores instalaciones.
