Condena por delitos de malversación y falsedad
Alfonso Rus, ex presidente de la Diputación de Valencia, recibirá cinco años de prisión y catorce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La Sala Penal del Tribunal Supremo confirmó esta sentencia por delitos continuados de malversación, prevaricación y falsedad relacionados con las contrataciones en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa. Marcos Benavent Vicedo, ex gerente de Imelsa, y Máximo Guillermo Caturla Rubio, ex consejero delegado de Ciegsa, también cumplen cinco años de cárcel y la misma inhabilitación. El tribunal ratifica el fallo de la Audiencia de Valencia de noviembre de 2023, que condenó originalmente a 19 acusados. El Supremo desestima los recursos de los principales implicados, confirmando que las contrataciones carecían de base legal.
Contrataciones sin mérito ni necesidad real
Las investigaciones y la sentencia confirman que las contrataciones en Imelsa y Ciegsa se realizaron entre 2014 y 2015 sin ningún proceso de selección basado en principios de publicidad, igualdad, mérito ni capacidad. Los magistrados determinaron que estos contratos no respondían a ninguna necesidad real de las empresas y se otorgaron para beneficiar a personas vinculadas al Partido Popular o por amistad con los cargos públicos. En varios casos, los responsables de las contrataciones firmaban certificados de trabajo para dar apariencia de legalidad a empleados que nunca prestaron servicios efectivos, lo que constituye el núcleo del caso de los trabajadores zombis. El Supremo subraya que Alfonso Rus ejercía influencia sobre quienes ordenaban estas contrataciones, las cuales se realizaban por razones de filiación política. El tribunal determinó que los contratos se otorgaron sin mérito alguno y que muchos de los implicados no realizaron labor alguna para las empresas, lo que facilitó el desvío de fondos públicos bajo una estructura de falsedad documental.
| Acusado | Cargo original | Condena |
|---|---|---|
| Alfonso Rus | Ex presidente de la Diputación de Valencia | 5 años de prisión y 14 de inhabilitación |
| Marcos Benavent Vicedo | Ex gerente de Imelsa | 5 años de prisión y 14 de inhabilitación |
| Máximo Guillermo Caturla Rubio | Ex consejero delegado de Ciegsa | 5 años de prisión y 14 de inhabilitación |
Imelsa, la empresa de Impulso Económico Local S.A., era una sociedad anónima cuyo único socio era la Diputación Provincial de Valencia, lo que la situaba en el sector público local. Por su parte, Ciegsa, la empresa de Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A., dependía de la Conselleria de Cultura y Educación con capital íntegramente público. Las contrataciones en estas entidades se ejecutaron sin procesos de selección que garantizaran la igualdad o la capacidad de los candidatos. Muchos de los contratos se hicieron en consideración a la relación de los contratados con el Partido Popular o por la cercanía personal con Máximo Caturla. Los responsables de las contrataciones firmaban certificados que mentían sobre la actividad de los empleados para dar apariencia de legalidad a los contratos.
Resolución de los recursos y votos particulares
De las 19 personas condenadas inicialmente por la Audiencia de Valencia, nueve presentaron recursos ante el Supremo, de los cuales siete fueron rechazados por completo. Los recursos de Alfonso Rus y de Marcos Benavent Vicedo, apodado como el "yonqui del dinero", no prosperaron ante la Sala. La única modificación del fallo afecta a una trabajadora del Gabinete de Prensa de la Conselleria y de Ciegsa, cuya contratación el tribunal considera que no fue irregular. Esta absolución supone una reducción de la responsabilidad civil a favor de la empresa Ciegsa. Imelsa funcionaba como una sociedad dependiente de la Diputación, mientras que Ciegsa era una empresa pública de la Generalitat Valenciana. El magistrado Eduardo de Porres presentó un voto particular en el que defiende la absolución de Marcos Benavent y de la ex directora de Recursos Humanos de Imelsa, María Gracia Escrihuela, aunque la sentencia mayoritaria mantiene las penas impuestas. El Supremo destaca que el informe de la Intervención General del Estado y las declaraciones de testigos acreditaron que no había control de presencia de los asesores ni relación de puestos de trabajo.
