Política

El Tribunal Supremo exige al Ministerio del Interior certificar la seguridad del MiDNI

La Sala de lo Contencioso-Administrativa requiere que se acredite la seguridad de 61.603 dispositivos móviles para la identificación de electores. El Ministerio del Interior debe presentar la documentación técnica tras el recurso de Iustitia Europa sobre el contrato de 7 millones de euros.

El Tribunal Supremo exige al Ministerio del Interior certificar la seguridad del MiDNI

Requerimiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativa

La Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo ha ordenado al Ministerio del Interior que certifique en un plazo de dos días la seguridad de los 61.603 dispositivos móviles que se utilizarán para verificar la identidad de los electores mediante el MiDNI. Esta medida responde al recurso de Iustitia Europa, que busca la suspensión del sistema tras la decisión de la Junta Electoral Central de levantar la suspensión de la aplicación MiDNI para las elecciones del 29 de noviembre. El alto tribunal exige que la directora general de Política Interior acredite que se han cumplido los controles del artículo 22 del Real Decreto 311/2022, relativo al Esquema Nacional de Seguridad. Yo considero que la exigencia de aportar toda la documentación técnica justificativa de las verificaciones es la única forma de dar respuesta a las dudas sobre la integridad del proceso. Si el Gobierno confirma que los controles se cumplieron, el Supremo requiere que se adjunten los documentos que avalen los controles efectuados sobre los terminales de forma inmediata. La providencia del Tribunal solicita esta comprobación a la directora general de Política Interior antes de que la Sala pueda decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa.

El contrato de emergencia y la cronología

El contrato objeto de la controversia fue adjudicado mediante un procedimiento de emergencia a la empresa Telefónica Defensa y Seguridad por un importe de 7 millones de euros. Este acuerdo permite el alquiler de los terminales con lectores de códigos QR para las mesas electorales, un sistema que fue reconocido tras la aprobación del Real Decreto 255/2025, de 1 de abril. El abogado Luis María Pardo, líder de Iustitia Europa, afirma que "estamos hablando de un contrato de siete millones de euros y de un procedimiento que afecta directamente a la identificación de los votantes". Yo observo una gestión administrativa algo tardía. La contratación de emergencia se declaró el 13 de octubre, cuando faltaban solo 47 días para los comicios, pese a que la Junta Electoral Central ya advertía de la necesidad de mecanismos seguros el 26 de marzo de 2026. La decisión del alto tribunal llega tras la iniciativa de Iustitia Europa, que presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera después de que la Junta Electoral Central solicitara informes a la Dirección General de la Policía y a la Dirección General de Política Interior.

Detalle del proceso electoral Información técnica
Número de dispositivos móviles 61.603
Importe del contrato de emergencia 7 millones de euros
Empresa adjudicataria Telefónica Defensa y Seguridad
Fecha de declaración de emergencia 13 de octubre de 2026
Plazo de certificación judicial 2 días

Seguridad técnica y antecedentes de la Junta

La Unidad de Informática y Telecomunicación de la Dirección General de la Policía ya presentó un informe favorable sobre la seguridad del mecanismo de verificación. Los especialistas de la Policía afirman que el sistema garantiza que el código QR proviene de fuentes oficiales y que los datos no han sido alterados. El Ministerio del Interior defiende la seguridad de estos dispositivos. Aunque el Ministerio cuenta con este respaldo, debe remitir toda la documentación al Supremo para su análisis. La Junta Electoral Central ya había advertido de la necesidad de disponer de mecanismos de comprobación seguros el 26 de marzo de 2026, pero el proceso de contratación no se activó mediante la vía de emergencia hasta octubre.

Este examen judicial se suma a la polémica por la ley de nietos, en la que la Sala Tercera tuvo que intervenir para resolver la situación de los nacionalizados. En aquel caso, el Ejecutivo admitió que de las 163.355 personas nacionalizadas por dicha norma, solo 901, lo que representa el 0,55%, pudieron acreditar su condición de descendientes de exiliados para votar el 29 de noviembre. Yo creo que la vigilancia sobre el uso del DNI digital debe ser tan rigurosa como la que se aplicó en aquel proceso de identificación.