Política

El juez Carlos Valle ordena a Google no eliminar software de la UCM

El magistrado Carlos Valle ha frenado la desconexión de los proyectos ucm-impactopymes-dev y ucm-impactopymes-pro para evitar la pérdida de pruebas. La medida protege el contenido alojado en la nube ante la solicitud de la empresa Devoteam Drago.

El juez Carlos Valle ordena a Google no eliminar software de la UCM

Medidas de urgencia para evitar la pérdida de pruebas

El magistrado Carlos Valle, quien sustituye al jubilado Juan Carlos Peinado en el Juzgado Número 41 de Madrid, ha ordenado a Google Spain no eliminar el contenido de los proyectos de software. Esta decisión responde a la falta de respuesta de la empresa Devoteam Drago sobre la desconexión de las consolas vinculadas a los proyectos ucm-impactopymes-dev y ucm-impactopymes-pro. El juez Valle explica que la medida busca evitar la pérdida de contenido por motivos de prudencia ante la urgencia del caso. La Universidad Complutense de Madrid advirtió que permitir la acción de la empresa desarrolladora supondría la eliminación definitiva y sin posibilidad de recuperación de cualquier material almacenado en los proyectos en un plazo de 30 días. Esta orden judicial frena la autorización de desconexión que el mismo juzgado había concedido el pasado 21 de octubre tras una solicitud de la empresa para desvincular la subcuenta de facturación de la universidad. Devoteam Drago había solicitado permiso el 18 de septiembre para gestionar la subcuenta de facturación directamente con Google antes de deshabilitar el servicio, alegando que la universidad no estaba pagando los gastos generados en los servidores. La Complutense respondió el 9 de octubre que no se oponía a la medida, aunque advirtió sobre el riesgo de pérdida de datos.

El conflicto entre la acusación y la fiscalía

La acusación popular liderada por Hazte Oír presentó un recurso contra la orden previa de desconexión, argumentando que el borrado del software supondría la pérdida irreversible de una fuente de prueba fundamental para el juicio. Ignacio Arsuaga, presidente de la asociación, pidió que la Policía Judicial realice una copia forense íntegra de lo alojado en la nube para asegurar la integridad de la investigación. El fiscal José Manuel San Baldomero se ha adherido a la petición de conservar el contenido para evitar la pérdida de pruebas, aunque rechazó la necesidad de una copia forense o de abrir una nueva fase instructora. El fiscal sostiene que la correspondencia de lo entregado por Devoteam Drago el 4 de agosto de 2025 no ha sido cuestionada durante más de un año. La petición de la acusación es extemporánea según el fiscal, pues corresponde a una fase del procedimiento que ya ha finalizado. La defensa de Cristina Álvarez, encabezada por el abogado José María de Pablo, sostiene que a su defendida le da exactamente igual lo que se resuelva sobre la conservación del contenido, aunque criticó la acusación de malversación.

Implicado Delito imputado Petición de penas
Begoña Gómez Malversación y tráfico de influencias 13 años de cárcel
Cristina Álvarez Malversación 6 años de cárcel

Cargos judiciales y la situación de los implicados

El proceso judicial contra la esposa de Pedro Sánchez se centra en presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias vinculados a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM. La acusación sostiene que hubo irregularidades tanto con el destino de la fuerza de trabajo de una empleada pública como con el desvío del software desarrollado en la cátedra. La investigación de Peinado señaló que la presencia de Cristina Álvarez en reuniones técnicas de seguimiento constituía un indicio de su participación en el proyecto junto a diversas empresas privadas. El abogado de la asistente calificó de "cómico" la acusación de malversación de una plataforma que sigue a disposición de la universidad. Además, la defensa destacó que la Universidad Complutense de Madrid todavía reclama más de 100.000 euros por el programa informático. El caso sigue pendiente de que la Audiencia de Madrid determine qué magistrado dirigirá al jurado popular. La acusación por apropiación indebida no forma parte de los cargos de malversación y tráfico de influencias que se presentarán ante el tribunal.