El PP de Ayuso y Vox han aprobado en la Asamblea de Madrid la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado en la Región, conocida como Ley Lider. Esta norma, la número 34 de la legislatura, sustituye la legislación de 2001 para reducir la burocracia y facilitar la construcción de viviendas. Yo observo que el cambio en los plazos de aprobación es el aspecto más drástico de la medida. El actual Plan General desaparece para dar paso al Plan Estratégico Municipal (PEM), lo que permitirá a cada localidad definir su crecimiento con mayor flexibilidad y reducir el tiempo de aprobación de planes, pasando de los 12 años actuales a cuatro o seis años. Además, el planeamiento de desarrollo bajará de siete años a cuatro, y en ciertos casos podría completarse en solo un año mediante ordenanzas municipales.
Cambios en la planificación y autonomía municipal
| Categoría/Plazo | Cambio / Valor |
|---|---|
| Clasificación de suelo | De 5 a 3 categorías |
| Aprobación de planes | De 12 años a 4-6 años |
| Planeamiento desarrollo | De 7 años a 1-4 años |
| Autonomía municipal | Municipios de >15.000 hab. |
La ley también simplifica la clasificación del suelo en tres tipos: urbanizado, rural protegido y rural no protegido. Los municipios con más de 15.000 habitantes podrán aprobar sus propios instrumentos de planificación, aunque el Ejecutivo autonómico mantendrá el control de legalidad. Yo creo que esta autonomía ayudará a las localidades más pequeñas, que recibirán asistencia técnica y económica para facilitar sus gestiones. La norma incluye una Estrategia Territorial para planificar el desarrollo regional considerando las infraestructuras, el medio ambiente y las necesidades de cada municipio. Asimismo, la ley simplifica los trámites para implantar actividades agrícolas y ganaderas en suelo rural, cuya autorización corresponderá a los municipios. Esta capacidad de decisión de los municipios de más de 15.000 habitantes es uno de los pilares de la norma.
Seguridad, ocio y la postura de Vox
En cuanto a la seguridad y el ocio, la ley actualiza la normativa de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Los municipios de más de 20.000 habitantes se encargarán de autorizar las actuaciones de carácter excepcional. Con este poder, los ayuntamientos gestionarán espectáculos para asegurar el orden público. La norma también prohíbe el uso de "llama viva", fuego abierto, bengalas o dispositivos pirotécnicos en establecimientos de restauración y ocio en zonas no habilitadas. Esto busca adaptar la regulación a la realidad de la cultura actual. El PP defiende que la norma permite rehabilitar edificios y mejorar calles en barrios degradados sin que los costes recaigan sobre los vecinos. También facilita la protección del patrimonio al evitar la necesidad de modificar todo el planeamiento para incorporar nuevos edificios a los catálogos municipales.
Sobre la postura política, Vox votó a favor de la ley de Ayuso tras negociar la incorporación de cinco enmiendas, aunque el partido presentó un total de 28 enmiendas durante la tramitación. A pesar de su apoyo, yo coincido con la crítica del partido de Abascal sobre la falta de seguridad jurídica en la nueva legislación. Vox también señala que la norma no garantiza que la "vivienda protegida llegue prioritariamente a los españoles". El PP sostiene que la ley refuerza la autonomía de los consistorios, un punto defendido por los alcaldes del PP.
