La UCO registra la casa de Ábalos y detiene a Cristian Corvillo
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado la vivienda de José Luis Ábalos en Valencia y el domicilio de Cristian Corvillo en Córdoba desde primera hora de este jueves. El operativo judicial, ordenado por el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, se enmarca en una pieza secreta que investiga presuntos amaños de obra pública y delitos de blanqueo de capitales. Los agentes también han realizado registros en Madrid y Sevilla, además de tomar declaración en Valencia a Andrea de la Torre, la pareja del exministro. La detención de Corvillo, antiguo chófer de Pedro Sánchez, se produce tras las sospechas de pagos a terceros vinculados a la adjudicación de contratos en el marco de la gestión de obras públicas durante el mandato del exministro. Corvillo ya declaró en septiembre ante la Audiencia Nacional sobre reuniones con Ábalos y Koldo García en las que trataron temas del PSOE. En aquella declaración, el exchófer mencionó una operación relacionada con el chalet de La Alcaidesa, la cual describió como una oportunidad de negocio que no fructificó. No es la primera vez que la Guardia Civil entra en la residencia de Ábalos en Madrid, donde el pasado 10 de junio de 2025 los agentes clonaron sus dispositivos electrónicos y recogieron cajas con documentación tras una orden del juez Leopoldo Puente.
Nueva investigación por blanqueo y amaños de obra pública
Esta nueva línea de investigación se inició el martes tras la entrega de un atestado policial de la UCO al magistrado Moreno. La investigación busca datos sobre la adjudicación de contratos a empresas como Acciona y la gestión de expedientes en Adif, donde la Guardia Civil ha incautado documentación de contratación. La pieza judicial incluye a varios investigados del entorno del PSOE.
| Persona | Condena de prisión | Multa pendiente |
|---|---|---|
| José Luis Ábalos | 24 años | 647.000 euros |
| Koldo García | 19 años | 647.000 euros |
| Víctor de Aldama | 4 años (suspendida) | 647.000 euros |
Ábalos y Koldo García cumplen actualmente sus condenas en prisión por los delitos cometidos en el caso de las mascarillas. El nuevo operativo también apunta hacia Santos Cerdán, investigado como presunto líder de la organización para gestionar las adjudicaciones de Transportes. Asimismo, la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, figura en la causa por autorizar contratos a la expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, y a su amiga Claudia Montes. La exdirectiva ha afirmado en entrevistas que le pidieron colocar a gente "afín" al PSOE en la empresa pública. Los agentes investigan si estas contrataciones fueron parte de una red de favores políticos dentro de la entidad. La investigación sigue abierta tanto por los contratos de mascarillas durante la pandemia como por las concesiones de obra pública en el Ministerio. Víctor de Aldama, quien no entrará en prisión, debe cumplir un año de trabajos en beneficio de la comunidad y presentar informes semestrales para mantener la suspensión de su pena.
El recurso de Ábalos ante el Tribunal Constitucional
El exministro José Luis Ábalos ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para solicitar la anulación de su sentencia y la suspensión de la condena. Su defensa argumenta que la sentencia de 24 años y 3 meses de prisión se basó de forma determinante en las declaraciones de Víctor de Aldama. El recurso denuncia que no existen datos objetivos que corroboren las versiones de Aldama sobre supuestos pagos o viajes. Ábalos sostiene que el Tribunal Supremo aplicó el máximo de inhabilitación por cohecho continuado y el máximo de prisión por tráfico de influencias basándose solo en su condición de autoridad. El abogado cuestiona la competencia del Supremo. Esta decisión se basó en un acuerdo de la Sala de lo Penal de 2014. La defensa señala la falta de imparcialidad de cinco de los siete magistrados y la vulneración de la cadena de custodia de los dispositivos electrónicos incautados. El pasado 14 de octubre, el Supremo rechazó los incidentes de nulidad presentados por Ábalos y Koldo García. El Supremo ha concedido un plazo de 15 días a los condenados para abonar la multa de 647.000 euros.
