Política

Vox e Iustitia Europa piden suspender el voto de hijos de nacionalizados

La solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Supremo afecta a 189.678 inscripciones en el CERA. La Abogacía del Estado rechaza la petición por considerarla materialmente imposible de ejecutar antes de las elecciones.

Vox e Iustitia Europa piden suspender el voto de hijos de nacionalizados

Vox e Iustitia Europa han solicitado al Tribunal Supremo que suspenda de forma cautelar el derecho al voto de los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la ley de nietos. Esta medida busca bloquear los efectos electorales de las personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) bajo el Anexo III. Según datos de Iustitia Europa, al 31 de julio de 2026 constaban 189.678 inscripciones correspondientes a este supuesto. El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, rechaza esta petición alegando que no existe una sentencia firme que acredite que los beneficiarios hayan obtenido la nacionalidad de manera irregular. Yo considero que la solicitud de los recurrentes busca complicar un proceso que ya requiere una gestión administrativa extrema. La organización solicita que los sufragios puedan ser recibidos, pero que permanezcan "separados y bajo custodia" hasta completar la identificación de los electores y su relación con los progenitores ya sometidos a medidas cautelares.

La imposibilidad de revisión administrativa

La Abogacía del Estado sostiene que la identificación individual de los afectados requeriría revisar manualmente expedientes en todas las oficinas consulares, una tarea que ya supuso un esfuerzo extraordinario en medidas anteriores y que resultaría inviable repetir en el plazo requerido. El Ejecutivo advierte al Tribunal Supremo que es "materialmente imposible" procesar a este colectivo antes de las elecciones del 29 de noviembre. La representación jurídica del Gobierno recuerda que ya fue necesario dedicar un mes y medio de trabajo en los consulados para elaborar la lista de los 163.020 nacionalizados que debían demostrar su exilio. La gestión previa requirió la implementación de sistemas provisionales de transmisión de datos, el desarrollo urgente de herramientas informáticas específicas y la reasignación prioritaria de recursos humanos. Además, la administración tuvo que cancelar vacaciones autorizadas y gestionar el requerimiento de servicios durante fines de semana para cumplir con los plazos.

Parámetro de la gestión consular Valor estadístico
Registros en el CERA (Anexo III) 189.678
Nacionalizados examinados anteriormente 163.020
Oficinas consulares con registro civil 172

Yo encuentro insuficiente la capacidad de la Administración para gestionar este nuevo bloque de casi 190.000 personas. La ampliación de la medida solicitada por Vox e Iustitia Europa pretende bloquear también a quienes obtuvieron el pasaporte conforme a la ley de Memoria Histórica de 2007. La Abogacía señala que el primer bloque no debería ser objeto de la cautelar debido a que no se ha cuestionado la validez de la ley de 2007.

Riesgos para el escrutinio y el derecho al voto

El Gobierno sostiene que impedir el voto provocaría "inseguridad" tanto para los ciudadanos como para el escrutinio final. La Abogacía del Estado argumenta que el derecho de los afectados deriva de su condición de "hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad". Por ello, el fallo de la sentencia no debería alcanzar a estas personas. La Abogacía califica la petición de los recurrentes como "indeterminada y de imposible cumplimiento" debido a que la relación nominal que se busca no existe. Según los servicios jurídicos del Estado, para que la medida funcione debe existir un enlace o "cadena" con quienes obtuvieron la nacionalidad sin certificación consular. Yo no veo viable que se bloquee un derecho fundamental como la participación política basándose en una identificación que no cuenta con los medios materiales necesarios. La incidencia en el proceso sería notoria, ya que el desarrollo de los trámites quedaría condicionado por la incertidumbre que su adopción comportaría en el escrutinio final. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha pedido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que proceda al "emplazamiento de los terceros afectados" antes de emitir un fallo sobre este incidente.