El informe de Amnistía Internacional sobre la huelga del 11N
Amnistía Internacional documentó 61 casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de diversos cuerpos de policía contra manifestantes pacíficos y periodistas durante la huelga general por la vivienda el pasado 11 de noviembre. La organización desplegó equipos de observación por todo el país. Realizó 24 entrevistas a víctimas y testigos tras analizar material audiovisual de la jornada. Según el informe, las actuaciones policiales resultaron "incompatibles con los principios de necesidad y proporcionalidad que rigen el uso de la fuerza por la policía en una manifestación". Durante los piquetes informativos de la mañana, al menos 36 personas resultaron heridas o contusionadas por la acción de los agentes. Dos de estas personas sufrieron golpes de porra en la cabeza, mientras que decenas de manifestantes sufrieron contusiones corporales e irritaciones oculares. La gravedad de las lesiones obligó al traslado de cinco personas a hospitales: tres en Málaga, una en Granada y otra en la localidad de Zamudio, en Vizcaya. Las agresiones se produjeron en diversos puntos, como las instalaciones de Amazon en Alicante, las cocheras de Entrevías en Madrid, las vías del Metro en Granada, la salida de El Corte Inglés en Castellón y en ciudades como Vitoria y Portugalete.
| Ubicación de la lesión | Número de personas afectadas |
|---|---|
| Hospitalizaciones (Málaga, Granada, Zamudio) | 5 |
| Golpes de porra en la cabeza | 2 |
| Contusiones e irritaciones oculares | Más de 20 |
Incidentes en Madrid y Barcelona
En la ciudad de Madrid, la Policía Nacional decidió cortar el paso a la multitud en la Gran Vía para impedir que la marcha llegara a Plaza de España una vez que la cabecera había pasado. Los agentes cargaron contra la multitud, que incluía familias con niños, usando material antidisturbios como gases lacrimógenos y pelotas de goma sin previo aviso. La organización denuncia que los agentes lanzaron los botes de gas contra una multitud que tenía muy limitadas sus vías de salida debido a la propia presencia policial. Los agentes también utilizaron porras y pelotas de goma contra personas que huían de la carga o que ya se encontraban en el suelo. Daniel Díaz, de 25 años, recibió el impacto de una pelota de goma en el omóplato. El fiscal Carlos García, de 54 años, recibió un golpe de porra en la pierna tras indicar que solo quería tomar el metro. En las cocheras de Fuencarral, la secretaria de Juventud de CCOO, Pau García, de 31 años, sufrió hematomas en los dedos y necesitó tres grapas tras recibir un golpe de porra en la cabeza y ser rociada con gas pimienta, lo que le ha provocado insomnio y crisis de ansiedad. Otro joven de 24 años sufrió una fractura doble en el dedo índice tras recibir varios porrazos al intentar cubrirse. Las agresiones a los piquetes también se registraron en las instalaciones de Amazon en Alicante, en las cocheras de Entrevías en Madrid, en las vías del Metro en Granada, a la salida de El Corte Inglés en Castellón y en las ciudades de Vitoria y Portugalete. En Barcelona, los manifestantes identificaron a un grupo de entre 30 y 40 agentes de paisano y encapuchados que actuaban en bloque. Los Mossos d’Esquadra sobrepasaron a este grupo para cargar contra los manifestantes, aunque la Conselleria d’Interior afirmó que estos agentes fueron agredidos por los presentes.
Agresiones a la prensa y respuesta institucional
Las actuaciones policiales también alcanzaron a profesionales de la comunicación que se encontraban claramente identificados. Entre los periodistas agredidos con porras o gases se encuentran Raquel y Miguel Ángel, del periódico El Salto, Alejandra Martínez Velasco, de Canal Red, María Escolar, de la cadena La Séptima, y Graciela García, de RNE, quien fue testigo directa y víctima de las cargas en Madrid. La Asociación de la Prensa de Madrid condenó las agresiones contra estos informadores durante la jornada. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó a la Dirección General de la Policía investigar las cargas policiales y las distintas incidencias ocurridas, además de prohibir el uso de gas lacrimógeno en las manifestaciones. Amnistía Internacional sostiene que el uso de la fuerza responde a un patrón que se repite en las fuerzas de seguridad desde hace más de una década. La entidad pide una investigación independiente que alcance a la cadena de mando y solicita la prohibición de las pelotas de goma. Considera que este armamento es "intrínsecamente impreciso". La organización reclama que se revise el uso de las porras y de los gases lacrimógenos en todas las protestas. Aunque el anuncio de revisar el uso de gas pimienta es un primer paso positivo, la entidad considera que es insuficiente ante la necesidad de reformar la Ley mordaza.
