El Gobierno acelera la normativa para evitar sobrecostes eléctricos
El Gobierno ha cumplido su promesa de aprobar el decreto para regular los centros de datos y la modificación de la planificación eléctrica exactamente una semana antes de las elecciones generales. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, advirtió que la falta de control sobre la demanda de estas infraestructuras provocaría un sobrecoste de 5.000 millones de euros en la factura eléctrica y un encarecimiento del 25% en el recibo industrial. Esta decisión busca proteger a los consumidores domésticos y al tejido productivo frente a la saturación de la red. Aagesen reivindicó que España actúa como un país "pionero" para evitar tensiones como las de Irlanda, donde los centros de datos consumen el 23% de la electricidad, o de Estados Unidos. La aprobación se produce en un momento de intensa tramitación administrativa acelerada en los ministerios para cumplir con el calendario electoral.
La industria rechaza las condiciones de sostenibilidad
Las empresas de almacenamiento y computación en la nube rechazan las condiciones técnicas de la nueva normativa. Los actores como Amazon, Microsoft, Google, ACS, Merlin Properties e Iberdrola critican los criterios de eficiencia energética y consumo hídrico. La patronal SpainDC afirma que el decreto podría contravenir la normativa europea de digitalización. Esta organización calcula que la inversión amenazada asciende a 67.000 millones de euros. El Partido Popular se ha comprometido a derogar la medida si gana las elecciones. El proyecto de ley cuenta con el respaldo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Consejo de Estado, aunque este último órgano consultivo, presidido por Carmen Calvo, aprobó su informe con observaciones de carácter esencial que aún no se han hecho públicas. El texto final intenta equilibrar la atracción de capital tecnológico con la protección frente a posibles saturaciones de red.
| Requisito | Especificación |
|---|---|
| Potencia mínima para regulación | 10 MW |
| Consumo con renovables | 80% (hora a hora) |
| Límite de consumo hídrico | 0,1 litros por kWh |
| Inversión en red (hasta 2030) | 17.142 millones de euros |
El punto más polémico es la denominada correlación horaria. Las instalaciones de 10 MW o más deben cubrir el 80% de su consumo con energías renovables cada hora. Los centros de datos podrán evitar una exigencia más estricta si aceptan que Red Eléctrica los desconecte en situaciones de "posible tensión en la red". Las empresas consideran esta condición inasumible porque necesitan un funcionamiento constante de 24 horas sin interrupciones. Además, el Gobierno fijó que el consumo hídrico no supere los 0,1 litros por kilovatio hora, un nivel que permite alcanzar la categoría A en el futuro etiquetado europeo.
La presión sobre la red y las disputas con las regiones
El crecimiento de la demanda de procesamiento de datos ha superado las previsiones de la Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024, que estimaba una necesidad de menos de 4 GW para 2030. Actualmente, existen 15 GW con permisos de acceso concedidos, repartidos en 6 GW de transporte y 9 GW de distribución. Esto representa casi el 40% del consumo pico nacional, sumado a otros 20 GW que esperan en cola de acceso. Para abordar este crecimiento, el Ejecutivo aprobó una inversión de 17.142 millones de euros para reforzar la infraestructura eléctrica hasta 2030. Esta planificación contempla inversiones de hasta 17.000 millones de euros en el periodo 2026-2031.
La planificación ha generado fuertes fricciones con las comunidades autónomas de Madrid y Aragón. El Ejecutivo regional de Aragón reclama mayores inversiones en subestaciones y líneas de evacuación para sus proyectos, mientras que Madrid denuncia la saturación de los nodos que dan servicio a su corona metropolitana de almacenamiento digital. El Ministerio ha mantenido la prioridad de los criterios de eficiencia del sistema nacional frente a las pretensiones de cada territorio.
