Demandas contra las distribuidoras y Red Eléctrica
Repsol presentó en octubre de 2026 varias demandas judiciales contra Iberdrola, Naturgy, Endesa y Red Eléctrica para reclamar 120 millones de euros tras el apagón de 2025. Yo considero que este movimiento es la consecuencia de un proceso que comenzó cuando Josu Jon Imaz envió los "burofaxes" para intentar una solución extrajudicial. Las reclamaciones se dirigen contra las distribuidoras responsables de las zonas donde Repsol tiene sus complejos industriales: Naturgy en A Coruña, Iberdrola en Bilbao y Cartagena, y Endesa en Tarragona y Puertollano. Además, las demandas incluyen de forma solidaria contra Red Eléctrica en todas ellas. El importe de 120 millones de euros se centra exclusivamente en el incidente del 28 de abril y deja fuera los problemas de suministro sufridos en Cartagena el 22 de abril o en Puertollano en fechas cercanas.
El impacto en las refinerías de la compañía fue severo, ya que las instalaciones se quedaron a cero y tardaron varios días en retomar la producción tras el fallo de suministro eléctrico. Según datos del Ministerio de Economía, el impacto neto en la economía española alcanzó los 415 millones de euros, mientras que la patronal estimó que el coste directo para las empresas españolas fue de 1.600 millones de euros. Yo no veo forma de ignorar la magnitud del problema, dado que la asociación de autónomos ATA cifró sus pérdidas en 1.300 millones de euros.
Investigaciones de la CNMC y disputas de gestión
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) inició su propia investigación en abril de 2026 para determinar si hubo incumplimientos por parte de los operadores. El organismo, presidido por Juan José Ganuza, ha abierto un total de 21 expedientes sancionadores vinculados al incidente. Naturgy encabeza la lista con seis expedientes contra sus sociedades de generación, seguida de cerca por Iberdrola y Endesa, que cuentan con cinco procedimientos cada una. También figuran en la lista de investigados Repsol, Red Eléctrica, Bahía de Bizkaia y las centrales nucleares de Ascó y Vandellós.
| Entidad implicada | Expedientes abiertos por la CNMC |
|---|---|
| Naturgy | 6 |
| Iberdrola | 5 |
| Endesa | 5 |
| Otros (Repsol, Red Eléctrica, etc.) | 5 |
Existe un conflicto abierto entre las grandes eléctricas y Redeia, la matriz de Red Eléctrica dirigida por Beatriz Corredor, sobre quién debe asumir las consecuencias del colapso del sistema. Las eléctricas culpan al operador, pero la matriz sostiene que el origen fue un desequilibrio entre generación y demanda. Yo creo que esta disputa técnica complicará los procesos judiciales que Repsol inició tras el fracaso de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). La tensión es evidente tras el intento fallido de alcanzar un acuerdo.
Precedentes judiciales y el impacto en la industria
Repsol ya ha ganado batallas similares en el pasado, como ocurrió con la filial Petronor tras el apagón de 2016 en la refinería de Bilbao, donde el Tribunal Supremo confirmó en 2022 una indemnización de 18 millones de euros. El problema actual es de una escala mucho mayor, pues la suma de las reclamaciones de Repsol y Moeve alcanza los 170 millones de euros. Yo dudo que las aseguradoras se queden de brazos cruzados ante el fallo de suministro. La demanda presentada por la multinacional busca compensar el perjuicio económico sufrido al quedarse sus instalaciones industriales sin suministro eléctrico tras el cero eléctrico nacional del 28 de abril de 2025.
CaixaBank Research calculó que el golpe neto para el país se situó por debajo de los 400 millones de euros, pues gran parte del consumo comercial se recuperó en los días siguientes al apagón. Yo considero que la estrategia de Repsol de reclamar cada euro perdido es coherente con las declaraciones de Josu Jon Imaz, quien aseguró que la compañía estaba plenamente decidida a exigir responsabilidades legales a los autores de estos hechos tras el incidente. La demanda presentada contra las distribuidoras de Cartagena, Bilbao, Tarragona y Puertollano es el resultado de no alcanzar un acuerdo tras los requerimientos previos.
