El coste de legislar mal
Hacienda ha reservado 13.618 millones de euros para atender indemnizaciones por litigios perdidos, una cifra que yo comparo con el presupuesto anual de inversiones en redes estatales del Ministerio de Transportes. Este dinero busca cubrir errores legislativos que afectan al Tesoro público. En lo que va de 2026, el Estado ha pagado 300 millones de euros a Endesa por los costes de combustibles. La mayor carga proviene de la Ley de Hidrocarburos de la etapa de Cristóbal Montoro tras el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2024. Hacienda tiene que provisionar 6.500 millones de euros por estas devoluciones, aunque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal señala que en este año se han desembolsado 317 millones de euros.
La deuda por errores legislativos
La lista de deudas crece por decisiones políticas contraproducentes. Los arbitrajes internacionales por el recorte de las primas de las energías renovables en los gobiernos de Zapatero y Rajoy exigen una provisión de 2.943 millones de euros, con tribunales en EE. UU., Reino Unido, Australia o Bélgica dando la razón a las empresas. La lentitud de la justicia española hace que gran parte de ese dinero proceda de errores de gobiernos anteriores o incluso del actual Ejecutivo. Yo considero que las empresas terminan repercutiendo estos costes en los precios finales, obligando al ciudadano a pagar dos veces la misma medida fiscal.
| Concepto de provisión | Importe reservado |
|---|---|
| Ley de Hidrocarburos | 6.500 millones de euros |
| Arbitrajes energías renovables | 2.943 millones de euros |
| Financiación autonómica (2021-2023) | 1.540 millones de euros |
| Impuesto sobre Actividades Económicas (telefonía) | 1.480 millones de euros |
| AdifAlta Velocidad (riesgos de inversión) | 671 millones de euros |
El Ministerio de Hacienda debe guardar 1.540 millones de euros por recursos de las Comunidades Autónomas contra las liquidaciones de 2021, 2022 y 2023 de la titular de Hacienda entonces, María Jesús Montero. Además, existen 1.480 millones de euros para posibles indemnizaciones por la devolución del Impuesto sobre Actividades Económicas de telefonía móvil tras las sentencias favorables a Vodafone u Orange. AdifAlta Velocidad también mantiene reservados 671 millones de euros por riesgos en obras de inversión y terrenos expropiados. El objetivo de reducir el déficit tarifario mediante recortes en primas resultó fallido en los tribunales internacionales.
