La aerolínea Plus Ultra ha notificado formalmente a su comité de empresa la intención de iniciar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que pone en riesgo los puestos de trabajo de sus 679 empleados. Esta medida forma parte de un plan de reestructuración urgente diseñado para abordar lo que la dirección describe como un "importante agravamiento, tanto desde el punto de vista económico como operativo y laboral". El ajuste incluye la retirada de aviones de la flota activa, la suspensión de rutas comerciales habituales y la amortización definitiva de plazas de personal. La compañía opera actualmente con seis aviones de fuselaje ancho, principalmente en rutas de largo radio entre España y Latinoamérica, aunque aún no ha concretado la cifra exacta de despidos ni cómo se distribuirá el recorte por áreas funcionales.
Un rescate público que sigue generando controversia judicial
A pesar de haber recibido un rescate estatal de 53 millones de euros durante la pandemia, la situación financiera de la empresa continúa siendo crítica. Esa ayuda fue una de las más polémicas del fondo gestionado por la Sepi, y aunque los tribunales avalaron su legalidad, todavía persisten investigaciones centradas en las gestiones que rodearon la concesión de esos fondos. El comité de empresa exige ahora toda la documentación económica, financiera y operativa para realizar una auditoría contable que verifique la situación real de la compañía antes de negociar cualquier acuerdo definitivo. Los representantes sindicales insisten en defender alternativas temporales, como reducciones de jornada o suspensiones de contrato mediante un ERTE, que permitirían suspender contratos entre un 10% y un 70% sin suponer un despido definitivo.
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Plantilla afectada | 679 trabajadores |
| Rescate público | 53 millones de euros |
| Flota actual | 6 aviones de fuselaje ancho |
| Rutas principales | España y Latinoamérica |
| Medida temporal posible | ERTE (10% a 70%) |
Yo considero que esta reestructuración es inevitable dada la magnitud de las pérdidas acumuladas, pero la opacidad inicial sobre la cifra final de despidos genera una tensión innecesaria con los trabajadores. La constitución de la mesa negociadora no implica aceptar las medidas propuestas, y el comité tiene razón al exigir transparencia total antes de firmar nada.
