El Gobierno de Pedro Sánchez encara la recta final de la campaña electoral con una ingeniería financiera que roza el límite extremo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) documenta en su informe semanal un volumen acumulado de modificaciones en operaciones no financieras que supera cualquier ejercicio anterior, salvo 2020, año marcado por el impacto excepcional de la pandemia. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha llevado a cabo hasta agosto de 2026 un total de 38.240 millones de euros en ajustes sobre los presupuestos prorrogados de 2023. Esta cifra supera ampliamente a la de su antecesora, María Jesús Montero, lo cual resulta difícil de igualar dada la complejidad técnica del proceso.
Un engendro de opacidad y gasto fuera de control
La AIReF señala que el «régimen flexible» montado con los fondos del Plan de Recuperación comprometido con Bruselas ha contribuido especialmente a la proliferación de transferencias, generaciones e incorporaciones de crédito. Ignacio Ruiz-Huertas, director de la división de Análisis Presupuestario, advierte en el capítulo elaborado por este organismo que el recurso a estas excepciones reduce la trazabilidad del gasto, limita la transparencia presupuestaria y afecta a la rendición de cuentas. La creciente distancia entre el presupuesto inicial y el gasto finalmente ejecutado dificulta la comparación entre ambos, ya que las modificaciones no se someten al mismo proceso de debate y autorización parlamentaria previa y conjunta que la aprobación de unos nuevos presupuestos. Esto impide disponer de una visión global sobre las prioridades de gasto del ejercicio, generando un escenario donde el control legislativo queda desdibujado ante la magnitud de los cambios operativos.
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Volumen modificado | 38.240 millones de euros |
| Período analizado | Hasta agosto de 2026 |
| Comparativa histórica | Supera todos los ejercicios salvo 2020 |
| Fuente de datos | AIReF |
Pablo Arellano, Interventor General del Estado, justificó en la Cuenta General del Estado de 2025 remitida al Tribunal de Cuentas que su objetivo es simplemente mostrar las modificaciones aprobadas, sin analizar la procedencia u oportunidad de las mismas. Admite que la situación de prórroga condiciona la actividad financiera desplegada por el sector público, pero se distancía de las críticas legales. Arellano cuenta con un informe de la Abogacía del Estado que valida utilizar lo «sobrante» de los fondos europeos para otros gastos, como si fueran partidas ordinarias. Esta postura contraviene el espíritu de lo prometido a Bruselas, donde se creó un servicio presupuestario exclusivo para esos recursos. Mientras el Tribunal de Cuentas cuestiona la legalidad de estos desvíos, la Comisión Europea admite el uso de liquidez europea para pagar pensiones de empleados públicos, aunque no lo considera ilegal. Carlos Cuerpo, vicepresidente primero, evitó enviar el plan presupuestario argumentando que al gobernar con prórroga no tiene nada nuevo que aportar. Gane quien gane el 29-N, deberá poner luz a esta contabilidad sensible, dado que los mercados vigilan de cerca las cuentas públicas españolas y francesas.
