Los despidos en España alcanzan un máximo histórico de 45.230 casos

Las demandas por despido presentadas en los juzgados de lo Social alcanzaron las 45.230 en el segundo trimestre, un aumento del 11,2 % respecto al mismo periodo de 2025 y la cifra más alta de la serie histórica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este volumen supera las 41.878 contabilizadas en el primer trimestre de 2013, durante la crisis financiera, y las 41.597 del tercer trimestre de 2020, en el punto más duro de la pandemia. Los datos anuales muestran una tendencia al alza, con un incremento del 10,2 % en todo el año 2025, hasta un total de 41.200 trabajadores afectados. En agosto, el Ministerio de Trabajo registró 1.947 trabajadores implicados en despidos colectivos, un 30,5 % más que en el mismo mes de 2025, repartidos entre 66 empresas. La hostelería lideró estos expedientes con 670 empleados, seguida de las actividades administrativas con 453 y las telecomunicaciones con 209.

Causas estructurales y críticas sindicales

Francisco Artacho, socio del Área Laboral de KPMG Abogados, atribuye el aumento a la expansión de la población asalariada y a la mayor estabilidad laboral derivada del incremento de contratos indefinidos. Señala también el impacto de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las novedades normativas en conciliación familiar e igualdad. La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 introduce cambios procedimentales en el orden social que requieren un proceso de adaptación. El volumen de asuntos y la insuficiencia de recursos en ciertos territorios provocan retrasos que pueden situar la primera instancia de los juicios por despido a tres años vista, lo que dificulta la tutela judicial efectiva.

CCOO apunta a la posibilidad de un trasvase de despidos colectivos a individuales. El sindicato advierte de que la antigüedad creciente eleva las expectativas de indemnización, aunque reconoce que las cuantías reclamadas "son muy bajas". Tanto CCOO como UGT reclaman una reforma del despido para cumplir con la carta social europea, recuperando su carácter disuasorio mediante salarios de tramitación y fijando una cuantía mínima. Exigen además que los tribunales puedan establecer indemnizaciones superiores para reparar el daño causado y acreditado.