La Fiscalía Europea ha abierto esta semana una investigación sobre la gestión de fondos europeos destinados a la renovación y mejora del tramo de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Este es el segundo procedimiento iniciado por el organismo, tras el primero derivado del accidente de Adamuz. Las pesquisas se centran en el uso específico de dos tipos de financiación: los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) y los Next Generation. Los Feder, nacidos en 1975, son ayudas no reembolsables diseñadas para reducir las diferencias económicas entre regiones mediante inversiones en infraestructuras, investigación o eficiencia energética. En cambio, los Next Generation forman parte de un programa extraordinario creado en 2020 para paliar el impacto económico de la pandemia de coronavirus. Para financiarlo, la Comisión Europea emite deuda en nombre de la Unión, combinando subvenciones con préstamos que sí deben reembolsarse si no se cumplen las condiciones pactadas. El alcance de estos últimos no se limita a obras públicas, sino que busca impulsar una economía más digital y menos dependiente de combustibles fósiles a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Adif anunció en septiembre de 2021 la adjudicación de tres contratos por más de 136 millones de euros para implantar el sistema ERTMS y renovar instalaciones en ese corredor. Según el comunicado oficial, las actuaciones de renovación de las instalaciones de seguridad y de los circuitos de la vía serían financiadas exclusivamente por los fondos Next Generation. Sin embargo, la modernización de los desvíos, elementos que permiten a los trenes cambiar de vía, podría contar con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Esta distinción técnica define el perímetro exacto de la competencia de la Fiscalía Europea, que investiga delitos contra los intereses financieros de la Unión. La concesión de estos recursos no exime a las administraciones españolas de controles estrictos, ya que la Comisión Europea supervisa que los fondos se destinen a las actuaciones previstas. Si se detectan irregularidades, la financiación puede reducirse y las cantidades abonadas pueden ser reclamadas. Cumplir los objetivos de inversión no elimina la obligación legal de prevenir el fraude, la corrupción o los conflictos de intereses en la contratación pública.
| Tipo de fondo | Origen | Naturaleza financiera | Finalidad principal |
|---|---|---|---|
| Feder | 1975 | Ayudas no reembolsables | Reducir diferencias regionales |
| Next Generation | 2020 | Subvenciones y préstamos | Recuperación post-pandemia |
