La Comisión Permanente del Consejo de Estado, presidida por Carmen Calvo, dictaminó de forma unánime el pasado 5 de noviembre que existen "fundamentos jurídicos suficientes" para recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de presupuestos de la Generalitat valenciana de 2026. El Gobierno aprobó el pasado martes un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, que introduce criterios de arraigo para el acceso a ayudas sociales bajo el concepto de prioridad nacional. Este principio busca condicionar el reparto de subvenciones y programas públicos en la Comunitat Valenciana. La Comisión, que incluye a figuras como Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Magdalena Valerio, Fernando Ledesma y María Luisa Carcedo, bajo la Secretaría General de Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, considera que las previsiones de la norma podrían entrar en conflicto con el orden constitucional. El órgano consultivo advierte que la regulación puede provocar una "discriminación indirecta" de los extranjeros.
Conflictos en los servicios sociales y la competencia estatal
El conflicto jurídico se centra en la aplicación de la prioridad nacional a todos los servicios sociales, lo que afecta incluso a derechos reconocidos por leyes estatales como la protección de menores o la atención a personas con discapacidad. El sistema autonómico gestiona tanto prestaciones de la Generalitat como derechos reconocidos por leyes estatales. El artículo 132 de la ley valenciana convierte este principio en un eje transversal para todas las prestaciones públicas del sistema autonómico.
| Artículo | Ámbito afectado | Conflicto detectado |
|---|---|---|
| 132 | Servicios sociales generales | Vulneración de competencias estatales y servicios de protección de menores |
| 132.6 | Personas en situación irregular | Contradicción con la Ley Orgánica de Extranjería al limitar servicios a la "urgencia vital" |
| 43, 44, 46, 132, 140 | Vivienda y renta de inclusión | Posible "discriminación indirecta" por requisitos de arraigo prolongado |
La ley limita el acceso de extranjeros en situación administrativa irregular a las prestaciones de carácter estructural, restringiéndolas a los supuestos de "urgencia vital". Esta medida contradice el artículo 14.3 de la Ley Orgánica de Extranjería, que garantiza derechos a los servicios sociales básicos a los extranjeros sin importar su situación administrativa. El dictamen identifica tres frentes de controversia: la aplicación transversal de la prioridad nacional, la exclusión de extranjeros en situación irregular y los efectos discriminatorios de los periodos de arraigo.
Requisitos de arraigo y tensión política
Los requisitos de arraigo para acceder a la vivienda o la renta de inclusión presentan otra dificultad legal. La renta valenciana de inclusión exige tres años de empadronamiento continuado o diez años, continuados o interrumpidos, dentro de los 30 anteriores. Aunque el País Vasco y las Islas Baleares también exigen tres años para ciertos servicios, el Consejo de Estado sostiene que la forma en que la Generalitat configura la prioridad nacional eleva de grado la controversia sobre el principio de igualdad. En otras regiones, los plazos para acceder a vivienda protegida varían entre 5, 10 y 15 años, como ocurre en Canarias, Baleares o Madrid.
La exigencia de un arraigo duradero o prolongado afecta a los artículos 43, 44, 46, 132 y 140. Aunque la regulación autonómica no introduce, de forma expresa o directa, una discriminación de los extranjeros respecto de los españoles, el dictamen advierte que un requisito formalmente neutro puede producir efectos desiguales al impactar negativamente en los residentes. La tensión política aumenta ante las elecciones generales del 29 de noviembre. Alberto Núñez Feijóo afirmó en un pódcast de Jordi Wild que exigir la nacionalidad para una ayuda social es "ilegal" en estos momentos. Por su parte, Santiago Abascal declaró en un acto de campaña en Almería que su formación se presenta para "hacer legal lo que hoy es ilegal".
