Política

La Junta Electoral Central autoriza el uso de MiDNI para votar

La Junta Electoral Central permite el uso de la aplicación MiDNI para identificarse en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. Las mesas electorales dispondrán de dispositivos con cámara para verificar el código QR temporal de los ciudadanos.

La Junta Electoral Central autoriza el uso de MiDNI para votar

El uso del código QR en las mesas electorales

La Junta Electoral Central ha autorizado el uso de la aplicación MiDNI como método de identificación para los ciudadanos que acudan a votar en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. El organismo levantó la suspensión de esta herramienta digital tras recibir las garantías técnicas del Ministerio del Interior. Las mesas electorales contarán con un dispositivo que incluye una cámara y un navegador para verificar la identidad de los electores. El procedimiento exige que el votante muestre el código QR temporal generado por la aplicación móvil ante los miembros de la mesa. Esta decisión invalida el veto que la Junta mantenía sobre el uso de documentos digitales en los comicios. El Ministerio del Interior confirmó que los medios técnicos necesarios para validar la identidad están disponibles para todas las mesas. Tras la reunión de este jueves, la resolución de la Junta confirma que el sistema es fiable para la comprobación del censo electoral. El uso del carné de conducir digital, conocido como MiDGT, sigue prohibido para este trámite.

Verificación tecnológica y vigencia de la aplicación

La validación de la identidad mediante el móvil requiere que el ciudadano abra la aplicación frente a los miembros de la mesa. El dispositivo destinado a cada mesa electoral incorpora un navegador específico que integra el verificador oficial de la web de MiDNI para permitir la comprobación, con todas las garantías necesarias, del código QR temporal generado por la aplicación. El despliegue de cámaras verificadoras en las mesas busca evitar suplantaciones de identidad o fallos de conectividad durante la jornada. La aplicación MiDNI tiene validez legal para identificarse desde el 2 de abril de 2026, aunque los ciudadanos podían descargarla desde hacía un año. Cualquier establecimiento público o privado tiene la obligación de aceptar este formato digital para la acreditación de la identidad de las personas. El sistema busca agilizar el proceso de votación adaptándolo a la digitalización de los documentos oficiales.

Elemento de verificación Especificación técnica
Software de mesa Navegador con verificador oficial
Identificador visual Código QR temporal
Hardware de mesa Dispositivo con cámara integrada

La Junta Electoral Central aclaró que el uso de la aplicación MiDGT queda excluido de esta autorización. La suspensión sobre el permiso de conducir digital se mantiene vigente para el proceso electoral del 29 de noviembre. El organismo mantiene este veto porque la aplicación MiDGT sigue bajo suspensión.

Decisiones sobre la neutralidad de los partidos

La Junta Electoral Central también resolvió expedientes sobre la neutralidad institucional de las formaciones políticas. El organismo estimó parcialmente un recurso contra el Ayuntamiento de Segovia. El consistorio deberá retirar un vídeo de balance de gestión difundido por el alcalde en sus canales personales e institucionales. La Junta consideró que dicho vídeo excede la información ordinaria y vulnera el artículo 50,2 de la LOREG. El Ayuntamiento de Segovia debe retirar también las expresiones valorativas publicadas en su página web oficial.

El organismo desestimó la denuncia del Partido Popular contra el presidente del Gobierno y el vicepresidente primero por la grabación de un vídeo de carácter electoral en el Monte de El Pardo. La reclamación del partido de la derecha sostenía que el acceso al espacio no fue un procedimiento institucional extraordinario. Los jueces determinaron que los diálogos mantenidos en el vídeo tienen un carácter genérico. El acceso a la zona de reserva no supuso una ventaja coactiva ni implicó una financiación prohibida para los implicados, asimilándose a otros precedentes en complejos oficiales.

La Junta también resolvió otros recursos procedentes de las Illes Balears. Estos expedientes se refieren a debates parlamentarios autonómicos e inserciones informativas en la prensa. El organismo atendió también peticiones de rectificación sobre sondeos electorales publicados en diversos medios de comunicación.