El 11 de noviembre ha concluido una jornada de paros marcada por cargas policiales, al menos 26 detenidos y cifras de seguimiento que varían drásticamente según quién las mida. Los sindicatos CCOO y UGT, junto al Sindicato de Inquilinas, califican la movilización de "éxito" y denuncian la "violencia policial", mientras que la patronal CEOE y el Gobierno de Madrid hablan de un impacto mínimo en la economía y de normalidad en los servicios. Yo considero que esta disparidad de datos es el rasgo más honesto del día: no existe un único relato, sino dos narrativas que chocan frente a frente.
Un choque físico y una red ferroviaria afectada
La tensión se concentró en las primeras horas de la mañana en accesos estratégicos como Mercamadrid y las cocheras de autobuses de la EMT en Carabanchel y Fuencarral. Allí, agentes de la UIP utilizaron gas pimienta contra piquetes informativos, dejando al menos 13 personas atendidas por el Samur en Mercamadrid y provocando heridas en otros puntos. Paloma López, portavoz de CCOO, anunció una demanda penal por impedir el derecho de huelga, mientras que Unai Sordo y Pepe Álvarez exigieron responsabilidades penales ante lo que llamaron un "escándalo". En paralelo, Renfe suprimió el 24% de los trenes AVE y Larga Distancia, afectando a 713 viajeros, y canceló el 10,2% de los Cercanías, con picos del 22,5% en Rodalies de Barcelona. El consumo eléctrico cayó un 9,8% a las 8:00, aunque la CEOE señala que esa cifra bajó hasta el 5% al mediodía, muy lejos del 15% registrado en la huelga de 2014.
| Sector | Seguimiento sindical | Seguimiento oficial/patronal |
|---|---|---|
| Educación | 90% | Sin dato unificado |
| Comercio | 61% | Abierto con normalidad |
| Sanidad (Madrid) | 38-70% | 2,3-5,7% |
| Finanzas | 30% | 2% |
Disparidad territorial y críticas cruzadas
Los porcentajes revelan una fractura geográfica clara: el seguimiento osciló entre el 41% en Extremadura y Castilla-La Mancha y el 75% en Andalucía y Aragón. En Cataluña, el tráfico en los accesos a Barcelona cayó un 51%, con cortes en la A-2 y la AP-7, mientras que en Madrid, José Luis Martínez-Almeida defendió la "normalidad" de la ciudad y calificó el paro de "huelga política". Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, cifró el seguimiento en la Administración regional en solo un 9,57% y acusó a los sindicatos de "tacticismo político". Por su parte, Antonio Garamendi, presidente de CEOE, criticó al Gobierno por impulsar una convocatoria "preventiva" y dudó de la legitimidad de una huelga convocada dos días antes de las elecciones generales. El Sindicato de Inquilinas, impulsor original tras el desahucio de Maricarmen, estima que superarán los 5 millones de participantes, una cifra que contrasta con la visión empresarial de un impacto "bajo" en la mayoría de sectores.
