La isla de El Hierro, que cuenta con una población de 11.000 habitantes, ha recibido prácticamente 10.000 personas desde el inicio de la crisis actual. Un 80 por ciento de estas llegadas se han concentrado en las últimas jornadas, lo que ha saturado los recursos sanitarios y asistenciales disponibles en el territorio insular. Esta presión extrema ha obligado al Gobierno a improvisar un plan de evacuación urgente para evitar el colapso total de los servicios públicos locales. La situación es tan crítica que el Ejecutivo central ha movilizado al Ejército del Aire para trasladar a más de 300 migrantes hacia Madrid. En los primeros días de noviembre, el número de personas que han llegado a Canarias supera ya las 6.000, confirmando la reactivación de la ruta migratoria atlántica.
Presión política y medidas urgentes
Fernando Clavijo, presidente del Gobierno canario, acudirá el martes a Moncloa con una batería de propuestas aprobadas por su Consejo de Gobierno. Entre las medidas solicitadas figura la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recuperar la posibilidad de perseguir penalmente, bajo el principio de jurisdicción universal, los delitos de homicidio o asesinato cometidos en alta mar. También se pide la aplicación de los mecanismos de solidaridad contemplados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, con compromisos concretos de apoyo económico y operativo por parte de la Unión Europea. El Ejecutivo autonómico reclama además un paquete extraordinario de ayudas directas a empresas y autónomos, incentivos fiscales y financiación adicional para las administraciones públicas de El Hierro.
Alpidio Armas, presidente del Cabildo del Hierro, admite que existe un "problema real" debido a la incapacidad de derivar a los migrantes que llegan a la isla. Asegura que El Hierro está en "una situación de límites", mientras que varios sindicatos policiales denuncian que sus agentes están desbordados por las continuas llegadas de embarcaciones. Salvamento Marítimo ha interceptado cuatro cayucos con unas 500 personas a bordo entre la tarde del domingo y el mediodía del lunes. De estos, 170 desembarcaron en Arguineguín (Gran Canaria) y otros 330 llegaron a los puertos de La Restinga y La Estaca en El Hierro. Los trabajadores de Salvamento Marítimo realizan turnos de 24 horas tras 24 horas, una carga que impide cualquier descanso razonable para el personal técnico.
El ministro Ángel Víctor Torres ha rechazado convertir Canarias en una "cárcel de inmigrantes", argumentando que la responsabilidad debe compartirla toda Europa y España. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo exige un gobierno serio que sepa cerrar la frontera y critica que Sánchez haya sido incapaz de impedir la invasión de Ceuta el pasado verano. Pablo Bustinduy ha lamentado que se siguen acumulando muertes en la crisis y ha expresado su repulsa absoluta hacia quien saca rédito político de la tragedia. La Comisión Interministerial de Inmigración abordará esta emergencia antes del Consejo de Ministros, con la presencia de altos cargos como Yolanda Díaz y Fernando Grande-Marlaska.
