Madrid

La Consejería de Educación de Madrid prohíbe hablar de la huelga

La Consejería de Educación de Madrid impone medidas de neutralidad que prohíben carteles y mensajes sobre la huelga en los centros. Los 65.000 docentes convocados denuncian que estas instrucciones y el nuevo formulario de denuncias suponen un ataque a su libertad.

La Consejería de Educación de Madrid prohíbe hablar de la huelga

Nuevas medidas de control y denuncias por adoctrinamiento

La Consejería de Educación de Madrid ha impuesto nuevas instrucciones que prohíben a los centros educativos colocar carteles o hablar de la huelga con el alumnado. Estas medidas obligan a mantener una "neutralidad" en la enseñanza y han habilitado un formulario de denuncia para que familias o trabajadores informen sobre posibles casos de "adoctrinamiento". Juan Carlos Navarro, profesor de Matemáticas de 23 años en Moratalaz, acudió a su centro con una camiseta verde con el lema “Educación pública de todos para todos”. El Gobierno regional busca evitar la difusión de mensajes de la protesta, mientras que los docentes califican la medida de "ataque a la libertad, a nuestro derecho a huelga, un regreso al pasado". Andrea Ordóñez, representante del sindicato CNT, afirmó que el formulario pretende amedrentar a los trabajadores para que tengan miedo a expresarse en sus centros de trabajo. Lucía, una profesora del norte de la Comunidad, señaló que la medida es la punta de un iceberg que está por llegar.

Inspectores en los centros y demandas de los profesores

La presencia de la autoridad en los centros educativos se ha intensificado para vigilar que no se exhiban pancartas ni símbolos de la protesta. Carles Roca, vicepresidente de la AFA del colegio Nuestra Señora de la Paloma en La Latina, relató que un inspector exigió retirar unas cintas verdes colocadas por las familias frente al centro. La directora del colegio se negó a obedecer órdenes sin respaldo escrito, lo que provocó la llegada de los inspectores. La huelga, que comenzó el pasado 14 de octubre para reclamar mejores condiciones laborales y la reducción de la carga burocrática, ha llevado a los profesores a usar cintas verdes en la boca como símbolo de la censura que sienten. Los docentes mantienen sus reivindicaciones de reducir las horas lectivas a 17 semanales en secundaria y 22 en infantil y primaria, además de una subida salarial de 600 euros al mes.

Periodo de servicios mínimos (2º de Bachillerato) Porcentaje de horas lectivas
Hasta el 31 de enero 50%
Hasta el 30 de abril 75%
Desde el 1 de mayo hasta el final del curso 90%

En el centro donde trabajan Ana y Lucía, una madre leyó un manifiesto a favor de los profesores mientras los docentes aparecían con la boca sellada con cinta verde. Por otro lado, en un centro al sur de Madrid donde trabaja Raquel, los profesores mantienen lazos verdes en las instalaciones pese a las advertencias. La huelga ha provocado concentraciones de más de quinientos profesores ante la Consejería, donde algunos han recibido cargas policiales y detenciones durante las manifestaciones.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado a los docentes de "coro rociero" o "garrapatas", mientras la consejera Mercedes Zarzalejo acusa al Comité de Huelga de ejercer "acoso" al verse obligada a suspender actos públicos. Mercedes Zarzalejo aseguró que el seguimiento de la huelga ha caído de un 40% en la primera jornada a cifras que no llegan al 3% de los 65.000 profesores llamados al paro. La Asociación de Directores de Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid (ADIMAD) denunció que las instrucciones generan una grave inseguridad jurídica y añaden exigencias administrativas como informes mensuales. Un jefe de estudios en Madrid lamentó que su equipo haya tenido que dedicar dos horas para computar quién había hecho huelga. El comité mixto de la huelga impugnará las medidas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para solicitar la suspensión de los nuevos servicios mínimos y de la instrucción de neutralidad. La Confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la Comunidad de Madrid (Confapa) también ha pedido la revocación de la instrucción. Aida San Millán, secretaria de enseñanza de Comisiones Obreras, señaló que la orden le recuerda a otras etapas de la historia en las que los gobiernos pedían a los ciudadanos denunciar al vecino. Los docentes, que son 65.000 en total, denuncian que la estrategia de la Consejería busca restringir su capacidad de protesta mediante la presión administrativa.