El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo para tramitar con urgencia el Real Decreto que fijará la revalorización de las pensiones en 2027. La medida se adopta en plena campaña electoral, apenas dos semanas antes de los comicios generales del 29 de noviembre. Elma Saiz, portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha calificado esta decisión como el "primer paso" para garantizar el poder adquisitivo de los más de 9,5 millones de pensionistas españoles. Este procedimiento arranca la maquinaria administrativa necesaria para que la subida entre en vigor el próximo 1 de enero, aunque la cifra exacta aún no puede determinarse por falta de datos definitivos.
Cálculo de la subida y coste presupuestario
La revalorización se calculará sobre la media interanual del IPC entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026. Con los datos disponibles hasta octubre, la inflación acumulada se sitúa en el 3,47%, mientras que las previsiones de Funcas elevan esa cifra al 3,55%. Saiz ha anticipado que el incremento final oscilará "entre el 3 y el 4%", una horquilla que coincide con el cálculo medio estimado por los analistas. Para cuantificar el impacto fiscal, el Gobierno toma como referencia el coste de 2024, que ascendió a 2.606 millones de euros por cada punto porcentual de inflación. Aplicando ese ratio a una subida del 3,55%, el gasto total alcanzaría los 9.251 millones de euros, una cantidad significativa para las cuentas públicas del próximo ejercicio.
| Concepto | Dato o Fecha |
|---|---|
| Inflación media estimada (diciembre 2025-noviembre 2026) | 3,47% - 3,55% |
| Coste por punto porcentual de IPC (referencia 2024) | 2.606 millones de euros |
| Coste total estimado para una subida del 3,55% | 9.251 millones de euros |
| Pensión media del sistema (octubre 2026) | 1.376 euros mensuales |
El INE publicará el dato adelantado de la inflación de noviembre el 27 de noviembre, solo dos días antes de las elecciones, lo que permitirá al Ejecutivo conocer la magnitud aproximada de la subida durante la recta final de la campaña. No obstante, la cifra definitiva no se oficializará hasta el 15 de diciembre, cuando el Gobierno ya esté en funciones tras los comicios. Esta demora técnica impide aprobar la norma con rango de ley que fijará las cantidades exactas de la revalorización general y de las pensiones mínimas antes de las urnas.
Contexto político y balance de reformas
Félix Bolaños, ministro para la Presidencia y Justicia, ha justificado la convocatoria extraordinaria del viernes alegando una agenda social muy cargada antes de las elecciones. El gabinete aprobó también 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027, demostrando que la reunión no se limitó exclusivamente al tema de las pensiones. Saiz defendió que se trata de un trámite ordinario que se repite cada año, aunque admitió implícitamente la coincidencia temporal al señalar que la prioridad es mantener el poder adquisitivo frente al coste de la vida. Durante su comparecencia, la ministra repasó las reformas realizadas desde 2018, destacando que la edad media de jubilación ha pasado de 64,4 a 65,4 años y que la brecha de género se ha reducido en 2,4 puntos porcentuales gracias al complemento aprobado en 2021.
El informe elevado al Consejo concluye que el sistema de pensiones es hoy "más sostenible" y que el poder adquisitivo ha quedado protegido durante las dos últimas legislaturas. Sin embargo, la estrategia política resulta evidente: anunciar la horquilla de subida justo antes de las elecciones permite capitalizar un anuncio positivo sin asumir todavía el compromiso definitivo de la cifra exacta. La inflación de octubre se mantuvo en el 4,9%, su nivel más alto en tres años debido al encarecimiento de la energía, lo que añade presión al cálculo final. Si el dato definitivo de noviembre difiere significativamente del adelantado, el Gobierno en funciones tendrá que ajustar la normativa en diciembre, pero el mensaje político de la revalorización ya está servido para los votantes.
