El Tribunal Supremo ha confirmado este lunes que la instrucción de Sofía Puente, hermana del exministro de Transportes, actuó como un coladero en la aplicación de la ley de memoria democrática. La Sala Tercera desestima íntegramente las alegaciones de entidades como la Asociación de Descendientes Españoles en el Mundo (ADEM) y el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Cedeu), manteniendo el veto electoral para los beneficiados por la llamada ley de nietos. Los magistrados concluyen que contar con estos votantes causaría un daño irreversible a la veracidad, objetividad y transparencia del proceso electoral.
De los 163.355 expedientes tramitados hasta el cierre del censo exterior el 1 de agosto de 2026, únicamente 901 ciudadanos lograron la nacionalidad aportando pruebas directas de exilio. El resto adquirió la ciudadanía mediante la presunción de exilio establecida en dicha instrucción. El caso más flagrante es el Consulado General de España en Buenos Aires, donde se aprobaron 17.775 expedientes sin que ninguno incluyera prueba de exilio. Iustitia Europa y Vox habían alertado previamente sobre estas irregularidades, y ahora el auto judicial valida sus sospechas.
Inscritos bajo sospecha
La Sala dictó un segundo auto rechazando suspender el derecho al sufragio de 189.678 hijos de esos nietos. Aunque reconoce que la petición de extender la suspensión es de pura lógica, prioriza la viabilidad del proceso electoral. Con la campaña a punto de comenzar y el depósito de voto en urna inminente, iniciar una revisión masiva generaría una perturbación grave de los intereses generales. La Oficina del Censo Electoral no podría asumir el despliegue administrativo necesario a tiempo, lo cual contradice los principios de seguridad jurídica y estabilidad electoral.
Los ministros Bolaños y Albares no entregaron la lista nominal de afectados hasta ser amenazados con multas coercitivas y posibles responsabilidades penales. El tribunal insiste en que esta medida es una suspensión cautelar temporal, no una privación definitiva del derecho fundamental. Sin embargo, el magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero disiente parcialmente. Critica que la mayoría priorice el calendario electoral sobre la pureza del censo, argumentando que una administración diligente habría cruzado los datos a tiempo para identificar a los hijos de los 901 exiliados reales. Su postura subraya la urgencia de prevenir consecuencias irreparables derivadas de una votación masiva basada en títulos jurídicos bajo grave sospecha.
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Expedientes tramitados | 163.355 |
| Con prueba directa de exilio | 901 |
| Hijos de los nietos | 189.678 |
| Aprobados en Buenos Aires sin prueba | 17.775 |
