Pepe Álvarez, secretario general de UGT, sostiene que la CEOE ha coaccionado a mucha gente con sus acusaciones sobre la convocatoria de huelga ilegal. Yo considero esta postura defensiva necesaria porque el líder sindical rechaza las críticas de oportunismo electoral y reclama un pacto de Estado por la vivienda. Además, advierte de que con un Gobierno de PP y Vox la patronal hará menos cesiones en la negociación colectiva, lo que podría elevar la conflictividad laboral. También cuestiona a los sindicatos que se han desmarcado de la protesta y asegura que no apoyarla es "un error monumental". La densidad de estas afirmaciones muestra una estrategia clara para mantener la unidad sindical ante la presión empresarial.
El bloqueo salarial y la respuesta política
Unai Sordo, secretario general de CCOO, defiende la huelga general y rechaza que se dirija contra la oposición, aunque admite que sería ilógico salir a la calle contra una política económica y laboral de la cual los sindicatos han sido copartícipes con sus acuerdos con el Gobierno. Acusa a la CEOE de bloquear la negociación salarial a la espera de un cambio de color en Moncloa y advierte de que una rebaja de impuestos obligaría a recortar las pensiones. Si el Partido Popular y Vox se sienten apelados por las reivindicaciones de la huelga, por algo será, según señala Sordo. Esta conexión entre la agenda fiscal y los derechos laborales revela la tensión subyacente en la negociación actual. Yo veo aquí un punto débil en la narrativa oficial: si los sindicatos firmaron los acuerdos previos, la legitimidad de protestar contra esa misma línea requiere una justificación más robusta que la simple retórica. La amenaza de recortes en pensiones ante posibles bajadas fiscales es un dato concreto que ancla la discusión en la realidad económica inmediata. No existe ambigüedad en la advertencia de Sordo: la inacción sindical permitiría que la patronal imponga condiciones desfavorables antes de las elecciones. La huelga del 11 de noviembre se presenta así como una herramienta de presión directa frente a lo que perciben como un bloqueo intencionado por parte de la CEOE.
