El mandato de exclusión en el censo
El Tribunal Supremo exige a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo que retiren del censo electoral a 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad mediante la instrucción de Sofía Puente. Esta decisión judicial, comunicada este viernes, aplica la medida cautelar dictada el 10 de septiembre para proteger la transparencia de los comicios del 29 de noviembre. El mandato judicial afecta tanto a los electores en el CERA como a los inscritos en el CER. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo excluyen de esta medida a las 901 personas que ya presentaron su certificación consular de descendientes de exiliados. El tribunal ordena que la Junta Electoral Central incorpore únicamente a quienes aporten dicha certificación en los términos acordados por la Sala. La orden de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del 25 de octubre de 2022 incluía a estos ciudadanos sin exigirles la prueba documental del exilio político. Esta resolución del Supremo marca una distinción entre los nacionalizados por la disposición octava de la ley de memoria democrática y aquellos que lo hicieron bajo la instrucción que rebasó el marco legal. Esta resolución se basa en los autos dictados los días 12 y 23 de octubre de 2026 tras examinar los informes de la Abogacía del Estado y la Oficina del Censo Electoral. La decisión busca garantizar que ninguna de las 163.355 personas incluidas en el Anexo I de la orden de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública pueda figurar como electora.
Discrepancias en las cifras de afectados
| Categoría de afectados | Número de personas |
|---|---|
| Total en el Anexo I de la Orden de 2022 | 163.355 |
| Cifra según comprobaciones del INE | 113.326 |
| Excluidos por presentar certificación consular | 901 |
La controversia surge porque la instrucción de la entonces Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública establecía la presunción de que quienes abandonaron España entre 1936 y 1955 eran exiliados políticos. El Supremo considera que el incremento de inscritos en el CERA genera un peligro fundado, real y serio de afectar a la objetividad y transparencia del proceso electoral. La Abogacía del Estado presentó un informe del Instituto Nacional de Estadística que modifica la cifra inicial de afectados. Mientras la orden de la Directora General mencionaba a 163.355 personas, las comprobaciones técnicas indican que la cifra de afectados por la suspensión es de 113.326 ciudadanos. La Sala Tercera también rechazó suspender el voto de los hijos de los nacionalizados tras dudar de la posibilidad material de revisar a esos votantes para priorizar la seguridad jurídica y la estabilidad electoral. El informe del Instituto Nacional de Estadística indica que, al cerrarse el censo para estas elecciones el 1 de agosto, había 163.355 afectados registrados, pero la cifra se redujo tras las comprobaciones realizadas por los técnicos del organismo.
Rechazo de peticiones adicionales
La Sala Tercera rechazó las peticiones de Vox y de los representantes de los afectados para ampliar la suspensión o detallar sus efectos técnicos. La Sala Tercera determinó que las peticiones de los afectados sobre la aplicación informática del censo para emitir certificados a tiempo resultan improcedentes porque dichas medidas forman parte de la competencia de la Junta Electoral Central. Iustitia Europa solicitó medidas sobre el uso de 61.000 teléfonos con lectores de códigos QR para la votación del 29 de noviembre.
Sin embargo, el Supremo exige que las partes guarden reserva sobre los datos sensibles de los controles de seguridad y los sistemas de verificación de los dispositivos. El tribunal considera de "difícil comprensión" los informes de la Administración sobre la gestión de este censo. Los magistrados también denegaron las medidas de urgencia solicitadas por Vox para el Ministerio de Asuntos Exteriores y el INE en relación con la ejecución de las medidas.
Los representantes de varias decenas de afectados pidieron que se delimitaran los efectos de la medida cautelar de manera expresa e individualizada para evitar ambigüedades en la aplicación del censo. El tribunal dio dos días a las partes para formular alegaciones tras recibir los certificados de la directora general de Política Interior sobre la verificación de los dispositivos de identidad.
