Una semana después del accidente en Urda (Toledo) que causó 69 muertes, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha realizado dos visitas a las oficinas de Adif. El jueves, los agentes requirieron información sobre contratos presuntamente amañados investigados por el juez Ismael Moreno en el caso Koldo. Al día siguiente, la UCO regresó para solicitar documentación vinculada a un supuesto fraude que la Fiscalía Europea investiga respecto al mantenimiento de la línea Madrid-Sevilla. Este doble requerimiento coincide con la dimisión de Luis Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif, y del ministro Óscar Puente, ambos asumiendo responsabilidades políticas tras el trágico suceso. La magistrada Aristea Afroditi Ortiz Tiliakou dirige ahora la investigación judicial local desde el Juzgado de Instrucción número 2 de Orgaz, cargo que ocupa desde hace ocho meses.
Fraude europeo y nuevos ‘dedazos’
La Fiscalía Europea anunció el viernes una investigación "excepcional" por el posible uso fraudulento de fondos destinados a renovar sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones en la vía alta velocidad. La Comisión Europea concedió 111,6 millones de euros a España en junio de 2024 para sustituir raíles y traviesas, y el organismo comunitario ha solicitado los expedientes de los tramos afectados por los accidentes de Adamuz y Urda. Ambos incidentes están relacionados con infraestructuras gestionadas por Adif, siendo el primero causado por una rotura de la vía y el segundo por indicaciones erróneas del centro de control tras un fallo informático.
El sumario del caso Koldo revela nuevos contratos amañados que beneficiaron principalmente a Acciona Construcciones. Gracias a audios grabados a escondidas por Koldo García y dispositivos intervenidos en 2024, la UCO identificó irregularidades investigadas desde 2025. Entre estas figuras se encuentra la adjudicación de la obra para soterrar la red ferroviaria de Murcia, valorada en 158,8 millones de euros, y el contrato del corredor mediterráneo Murcia-Almería, por 121,2 millones. También figura la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat, ampliada de 51,8 a 62 millones. Estas obras fueron adjudicadas a Acciona o a uniones temporales donde participaba esta multinacional, aunque la unidad también detectó amaños a favor de OPR y LIC.
| Proyecto | Importe (millones €) |
|---|---|
| Soterramiento Murcia | 158,8 |
| Corredor Murcia-Almería | 121,2 |
| Integración Sant Feliu | 62,0 |
El juez imputó a Cristian Corvillo, antiguo chófer de Pedro Sánchez, por su papel como intermediario en estos dedazos, algunos de los cuales favorecieron a la sevillana Azvi. Asimismo, Andrea de la Torre, vinculada sentimentalmente a Ábalos, fue imputada por supuestamente haberse beneficiado de un piso en Madrid pagado con comisiones de estos contratos.
