Pedro Sánchez encara su sexta campaña electoral como candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, un escenario marcado por una fragilidad institucional que define su segunda etapa en Moncloa. Las encuestas le sitúan en desventaja, salvo el CIS, pero confía en repetir la remontada de 2023, cuando logró los 179 votos necesarios para ser investido pese a que el PP fuera el partido más votado. La legislatura ha estado plagada de acuerdos difíciles y rupturas parlamentarias que culminaron con el adelanto electoral al 29 de noviembre, tras la caída de dos reales decretos-leyes de vivienda en el Congreso ante la presión de Sumar y las movilizaciones callejeras. El presidente había reiterado que agotaría la legislatura hasta 2027, pero la crisis interna forzó la convocatoria anticipada. Esta será su prueba definitiva para demostrar si puede sobreponerse a las adversidades políticas y judiciales que han erosionado su imagen pública.
Un legado judicial pesado y promesas económicas
La trayectoria de Sánchez está salpicada por múltiples casos que afectan a su entorno más cercano, desde el caso Koldo hasta las investigaciones contra su esposa Begoña Gómez y su hermano David. El exministro José Luis Ábalos fue condenado a 24 años de prisión, una sentencia que ha pasado una pesada factura política al líder socialista. Además, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por presuntos delitos en el rescate de Plus Ultra y por joyas halladas en su despacho, aunque el PSOE mantiene su confianza en él. La Audiencia Nacional investiga las cuentas del PSOE por posibles maniobras de Santos Cerdán para entorpecer causas judiciales, un asunto que la Fiscalía consideró prematuro imputar al partido. En este contexto, el Partido Popular centra su estrategia en la gestión económica y científica, prometiendo en el punto 188 de su programa que "los investigadores que se fueron podrán volver y los mejores querrán venir". Esta propuesta busca revertir la fuga de talento generada durante los gobiernos de Mariano Rajoy, cuando la partida de I+D+i cayó del 2,7% del presupuesto estatal en 2008 al 1,5% en 2018, según documentó la Confederación de Sociedades Científicas de España.
| Indicador | Valor 2008 | Valor 2018 |
|---|---|---|
| Presupuesto I+D+i (% Estado) | 2,7% | 1,5% |
El PP promete agilizar la incorporación de científicos y reconocer sus trayectorias, ignorando que fue su propia gestión la que redujo drásticamente los fondos. Mientras tanto, Sánchez enfrenta también la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, presentada solo 26 días antes de las elecciones tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, que dejaron más de un centenar de muertos. La oposición convierte estos fallos en argumentos centrales para cuestionar la capacidad de gestión del Ejecutivo actual.
