Conflictos legales por el consumo energético
La Asociación Española de Centros de Datos Spain DC, la Comunidad de Madrid y el gobierno de Aragón recurrirán judicialmente el real decreto-ley que obliga a las infraestructuras de datos a cubrir el 80% de su consumo energético mediante fuentes renovables. La patronal solicitará la suspensión cautelar de la norma porque considera que impone condiciones de imposible cumplimiento. Emilio Díaz, presidente de Spain DC, afirma que la decisión "Pone en riesgo la soberanía digital de España". La directora ejecutiva, Begoña Villacís, exvicealcaldesa en el Ayuntamiento de Madrid por Ciudadanos, denunció que el Ejecutivo está "obligándonos a exportarlo" al imponer trabas a infraestructuras que permiten la inteligencia artificial y la reindustrialización. Según la asociación, las inversiones potenciales que se encuentran en peligro pueden alcanzar los 66.900 millones de euros hasta 2030. Los gobiernos del Partido Popular en Madrid y Aragón también han avanzado acciones legales contra el texto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros para proteger sus intereses económicos.
Impacto económico y respuesta de las regiones
La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aaesen, defiende la medida para evitar un impacto de 5.000 millones de euros en la factura energética de los consumidores. Sin embargo, el consejero de Digitalización madrileño, Miguel López-Valverde, calificó el texto de "grave error" debido a la inseguridad jurídica y a las exigencias desproporcionadas sobre las inversiones tecnológicas. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, sostiene que la medida "va en contra" de los intereses de su territorio para atraer empleo. Ecologistas en Acción, que exige una moratoria para los grandes centros de datos, celebró la decisión del Consejo de Ministros, aunque la organización también moviliza contra los "sucios centros de datos".
| Especificación de la norma | Detalle técnico |
|---|---|
| Porcentaje de energía renovable | 80% del consumo total |
| Método de suministro | Autoconsumo o electricidad en España |
| Flexibilidad de fuentes | Baterías y plantas fotovoltaicas |
| Riesgo de inversión hasta 2030 | 66.900 millones de euros |
El Partido Popular prometió derogar las exigencias si llega al gobierno para evitar que se espanten los inversores internacionales. La normativa permite el uso de electricidad de plantas solares fotovoltaicas sin importar su fecha de construcción, algo que el Gobierno incluyó tras la audiencia pública. Begoña Villacís cuestionó por qué el propio Gobierno se autoexcluye de cumplir exigencias en los proyectos que promueve. Los gobiernos regionales denuncian que se ponen obstáculos a la conectividad internacional y al ecosistema empresarial necesario para la reindustrialización.
