El procesamiento tras las condenas del Supremo
El fiscal Luis Pastor ha pedido al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional que procese a 13 personas en una nueva fase del caso Koldo, centrada en la compra de mascarillas. Esta solicitud aprovecha la sentencia del Tribunal Supremo, que condenó a Koldo García a 19 años y ocho meses de prisión y a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses. La nueva petición no afecta a la pieza de investigación sobre mordidas en obra pública, que permanece abierta. El procedimiento busca juzgar hechos que no fueron tratados en el juicio previo por la condición de aforados de los implicados.
La Fiscalía atribuye a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, el delito de tráfico de influencias por facilitar contrataciones en empresas públicas. El fiscal sostiene que ella "sería el eslabón que convirtió la voluntad del ministro en contrataciones reales", tras recibir la solicitud y aprovechar el peso de Adif para trasladarla a las sociedades que contratan y pagan. Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, enfrentará cargos por malversación tras recibir salarios en Ineco y Tragsatec sin realizar actividad laboral alguna. El Tribunal Supremo determinó que el objetivo del plan criminal era que ella percibiera esas cantidades mensuales sin trabajar. Yo considero que esta acusación de malversación es la más directa contra la expareja del ministro debido a la falta de actividad laboral comprobada en las empresas públicas.
Los implicados en la trama de contratos y pagos
La lista de imputados incluye a diversos socios de la trama y familiares de los principales acusados. Entre los socios de Aldama figuran Ignacio Díaz, Javier Serrano y César Moreno. También se solicita el procesamiento de los hermanos de Koldo, Joseba García, y su exmujer, Patricia Úriz, por delitos de organización criminal y blanqueo. Por su parte, el guardia civil Rubén Villalba debe responder ante el juez por recibir pagos a cambio de protección y acceso a bases policiales. El esquema criminal involucra también a la empresa Soluciones de Gestión, controlada de facto por Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche.
| Imputado | Delito imputado |
|---|---|
| Koldo García | Tráfico de influencias y blanqueo |
| Víctor de Aldama | Cohecho y delito contra la Hacienda Pública |
| Isabel Pardo de Vera | Tráfico de influencias |
| Jésica Rodríguez | Malversación |
| Joseba García | Organización criminal y blanqueo |
| Patricia Úriz | Organización criminal y blanqueo |
| Rubén Villalba | Cohecho pasivo |
La investigación apunta a la responsabilidad de la empresa Soluciones de Gestión, que obtuvo los contratos de mascarillas en 2019. El fiscal solicita procesar a esta persona jurídica por delito fiscal correspondiente al ejercicio de 2020. Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche aparecen como los responsables de facto y directivo de la mercantil. Además, el Ministerio Público pide procesar a Ignacio Zaldívar, ex director de gestión administrativa de Adif, por su papel en la facilitación de los trámites. Las licitaciones de estos contratos comenzaron en 2018, justo cuando Ábalos se incorporaba al Ministerio de Transportes, aunque los trabajos de los contratos se extendieron hasta 2022. El comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, enfrenta cargos de cohecho pasivo por recibir "presuntas mordidas". A cambio de estos pagos, el agente ofrecía protección a la trama y acceso a consultas en bases policiales para asegurar la impunidad del grupo.
Archivos y exclusiones en la causa
El fiscal ha solicitado el archivo de la causa para doce personas por falta de indicios suficientes. Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado, queda libre de cargos al limitarse a ejecutar la decisión de compra de material sanitario. También se solicita el archivo para Michaux Miranda, ex alto cargo de Adif, Jesús Manuel Gómez, ex subsecretario de Transportes, e Israel Pilar. Entre los nombres que no enfrentarán juicio figuran María Piedad Losada, secretaria de Aldama, y el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez.
Yo considero que la exclusión de estos altos cargos es un paso lógico para simplificar el proceso judicial tras las condenas previas del Supremo. También queda fuera el procesamiento de Luis Alberto Escolano, quien intervino en la gestión del alquiler del piso en Plaza España donde vivió Jésica Rodríguez con el dinero pagado por Aldama. El fiscal también ha pedido que se investiguen los pagos que la trama de Aldama realizó al guardia civil Villalba a cambio de servicios de seguridad.
