Sociedad

Cinco países europeos acuerdan con Ruanda un centro de retorno

Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y los Países Bajos lanzarán en 2027 un programa piloto en Ruanda para solicitantes de asilo rechazados. El plan piloto tendrá capacidad para 100 personas y busca facilitar las expulsiones de quienes no tienen derecho de residencia en la Unión Europea.

Cinco países europeos acuerdan con Ruanda un centro de retorno

Un centro de retorno para el año 2027

Los gobiernos de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y los Países Bajos acordaron con Ruanda la creación de un "centro de retorno" para solicitantes de asilo rechazados en la Unión Europea. El canciller austríaco, Christian Stocker, comunicó este lunes en Viena que el objetivo es inaugurar este centro en 2027. Según el canciller, si las personas sin derecho de residencia no pueden ser expulsadas, el sistema de asilo se convierte en un absurdo que no están dispuestos a permitir. Yo considero que este movimiento busca privar a los traficantes de su modelo de negocio y evitar muertes en rutas peligrosas.

El plan consiste en una fase de prueba a pequeña escala para personas a quienes se les ha denegado el permiso de asilo y que no tienen ninguna relación con el país africano. Estas personas habrán agotado todas las vías legales para quedarse en la Unión Europea y se niegan a regresar voluntariamente a sus países de origen. La instalación no será un lugar de detención vallado, sino una estructura de puertas abiertas con rotación. Bajo el acuerdo con Kigali, los individuos recibirán permisos de residencia legal, acceso al mercado laboral, programas de formación y vivienda. La estancia en estas instalaciones no debería superar los 2 meses. El programa piloto tendrá capacidad para 100 personas, lo que significa que cada uno de los cinco países participantes enviará a unos 20 migrantes.

Especificación del programa piloto Detalle
Países organizadores Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos
Fecha de inicio prevista 2027
Capacidad máxima inicial 100 personas
Cuota de migrantes por país 20 personas
Tiempo de estancia previsto Hasta 2 meses

Diferencias jurídicas y el apoyo de Bruselas

Los gobiernos de Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia buscan que este acuerdo con el gobierno de Paul Kagame facilite los procesos de expulsión de aquellos migrantes que ya no tienen posibilidad de quedarse en territorio de la Unión Europea. Este enfoque difiere del proyecto de Giorgia Meloni en Albania, ya que en el caso italiano los centros buscaban tramitar solicitudes de asilo, mientras que en este caso se enviará a quienes ya tienen una orden de expulsión firme. El plan también difiere de la propuesta del Reino Unido, paralizada por los tribunales, o de lo ocurrido en Dinamarca, donde el proyecto quedó congelado. La responsabilidad legal de la Unión Europea terminaría formalmente cuando estas personas lleguen a Ruanda y pasen a la jurisdicción de este país africano. El Ejecutivo europeo respalda la iniciativa y cuenta con el apoyo de más de una veintena de Estados miembros, aunque España y Francia mantienen una oposición firme. A cambio de la acogida, los cinco países firmarán acuerdos preferentes de inversión y desarrollo con Ruanda. El plan está dirigido tanto a hombres como a mujeres, pero no incluye a los menores de edad no acompañados.

Preocupación por los derechos humanos en Ruanda

Las organizaciones humanitarias denuncian la violencia de este traslado. Clementine de Montjoye, investigadora de Human Rights Watch, afirma que pagar a Kigali para un programa de deportación causaría sufrimiento y daría influencia política a un gobierno responsable de abusos contra los derechos humanos. Por su parte, Chiara Catelli, de la plataforma PICUM, sostiene que ningún eufemismo puede ocultar la violencia de arrancar a las personas de su vida en Europa para enviarlas a un país desconocido sin redes de apoyo ni perspectivas de futuro. Yo veo un peligro evidente en que se envíe a gente a un país donde la libertad política es inexistente.

Ruanda está gobernada por Paul Kagame desde el año 2000 y las organizaciones denuncian la persecución de periodistas, la censura y las detenciones arbitrarias. Además, existen acusaciones sobre el apoyo del gobierno ruandés al grupo rebelde M23 en el conflicto de la República Democrática del Congo. Las organizaciones también señalan que la falta de independencia judicial en Ruanda dificulta cualquier garantía de proceso justo para los deportados.