La Policía Nacional ha detenido en Valencia a los responsables de una empresa constructora, dos varones y la mujer de uno de ellos, como presuntos autores de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores. Los investigados se dedicaban a proporcionar mano de obra a otras compañías para la ejecución de obras de construcción en diferentes emplazamientos. El método de la empresa consistía en contratar a trabajadores con autorización para trabajar en España y facilitar su documentación a otras personas que carecían del preceptivo permiso de residencia y trabajo. Las empresas contratistas recibían los datos de empleados dados de alta, lo que facilitaba una suplantación de identidad evidente. Yo considero que este sistema de perfiles falsos ocultaba la realidad de la plantilla ante las inspecciones de las empresas contratantes. La investigación fue dirigida por la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia. La investigación permitió destapar un entramado criminal donde la empresa utilizaba la documentación de empleados regulares para que terceros sin permiso pudieran trabajar en diversas obras de construcción, eludiendo así los controles de extranjería.
Condiciones de explotación y sueldos ínfimos
Los detenidos explotaban laboralmente a las víctimas valiéndose de su situación de vulnerabilidad y precariedad al encontrarse en situación irregular en el país. Les hacían usar la documentación de otros empleados regulares para eludir controles de las contratistas y les privaban de los derechos que sí tenía el resto de la plantilla. La operativa ilícita afectaba a un mínimo de 83 trabajadores en múltiples centros de trabajo. Estos empleados no recibían el alta en la Seguridad Social ni contaban con los contratos preceptivos que garantizan la protección mínima en el sector de la construcción. Yo observo que esta situación de desprotección total era el motor de la rentabilidad de la empresa.
| Concepto de la explotación | Detalle de la situación |
|---|---|
| Número de trabajadores afectados | Mínimo de 83 personas |
| Salario por hora | 6,50 euros |
| Forma de pago | Cobro en negro |
| Inicio de la actividad ilícita | Enero de 2024 |
Los perjudicados sufrían condiciones de precariedad extrema y cobros en efectivo sin registrar en sus nóminas. Yo no recomendaría confiar en la legalidad de estas cuadrillas, ya que los trabajadores percibían apenas 6,50 euros la hora. La empresa utilizaba datos de empleados legales para facilitárselos a 83 trabajadores en situación irregular en múltiples obras de construcción. Este mecanismo permitía eludir la normativa de Seguridad Social y de extranjería desde enero de 2024. Los afectados carecían de las garantías de la plantilla y los detenidos se aprovechaban de su falta de permisos laborales.
El origen de la investigación policial
La investigación policial comenzó en agosto del pasado año por parte de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia. El proceso se inició tras recibir una denuncia en la Comisaría de Distrito de Abastos por parte de un ciudadano extranjero en situación irregular. Este hombre manifestó haber trabajado para una empresa de construcción sin contrato ni alta en la Seguridad Social, percibiendo 6,50 euros la hora y cobrando en negro, a pesar de que la mercantil conocía su carencia de permiso de trabajo. La investigación se complementó con las actuaciones e informes de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia. Los agentes de la policía lograron contactar telefónicamente con varios empleados, aunque la mayoría mostró miedo a denunciar por el riesgo de perder el trabajo y sufrir represalias. La investigación ha permitido constatar que los investigados explotaban a las víctimas aprovechando su situación de precariedad en el país. La operación ha culminado con la detención de los dos propietarios de la empresa y la mujer de uno de ellos. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
