La Fiscalía Europea (EPPO) ha ordenado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que se personara este jueves en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas para requerir documentación. Esta acción forma parte de una investigación formal por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la compra de pulseras telemáticas para controlar medidas cautelares y condenas por violencia de género. Yo considero que la intervención directa de la UCO marca un punto de inflexión serio, ya que confirma que la EPPO no solo observa, sino que ejecuta medidas coercitivas sobre el terreno. El organismo comunitario inició estas pesquisas el año pasado tras detectar fallos graves en el sistema Cometa, aunque aún no ha revelado el importe exacto de los fondos afectados ni el nombre de las personas investigadas.
Contratos cuestionados y defensa ministerial
El Tribunal de Cuentas detectó "graves deficiencias" al analizar contratos ejecutados en 2018, 2021 y 2023, con un gasto total de 102,6 millones de euros. La memoria de la Fiscalía General del Estado alertó en 2024 de que la migración de datos de Telefónica a Vodafone provocó la pérdida de geolocalizaciones, lo que derivó en absoluciones de maltratadores por falta de pruebas. Los errores técnicos incluidos la congelación de coordenadas y la falta de alarmas en zonas rurales comprometieron la seguridad de las víctimas durante la transición.
| Año | Importe acumulado (millones €) | Empresa adjudicataria |
|---|---|---|
| 2018-2023 | 102,6 | Vodafone / Securitas |
Ana Redondo, ministra de Igualdad, defendió en rueda de prensa que "no es nada nuevo" y garantizó una "transparencia absoluta". Aseguró que le consta que el dinero se ha empleado correctamente y que el contrato actual, renovado hace dos meses, mejora las disfuncionalidades anteriores. Sin embargo, el Partido Popular acusó al Gobierno de haber corrompido la seguridad de las mujeres, mientras que Valdis Dombrovskis advirtió que el cumplimiento de este hito del plan de recuperación condicionará el octavo pago a España. Yo no recomendaría confiar ciegamente en las garantías ministeriales mientras persistan las dudas sobre la gestión de los datos críticos.
