La Consejería de Educación, dirigida por Mercedes Zarzalejo, ha emitido instrucciones escritas a los directores de centros educativos públicos de Madrid. El objetivo es eliminar toda cartelería, pancartas, dibujos y lazos que apoyen la huelga indefinida del profesorado, iniciada el 14 de octubre. Esta medida llega después de las llamadas telefónicas realizadas al inicio de la protesta para invisibilizar estos signos. Ahora, la presión se ejerce mediante documentos oficiales enviados a través de las direcciones de áreas territoriales y el servicio de inspección educativa.
La justificación oficial frente a la respuesta sindical
El texto gubernamental argumenta la necesidad de reforzar el "deber de neutralidad institucional y docente" ante el alumnado. Se exige evitar la difusión de planteamientos ideológicos o cualquier forma de adoctrinamiento en el ámbito escolar. Además, prohíbe transmitir opiniones políticas o partidistas y colocar símbolos con dichos contenidos en fachadas, pasillos y otros espacios utilizados por menores. La única excepción permitida son los tablones sindicales existentes en todos los centros. La dirección del centro queda obligada a retirar estos elementos y comunicar las incidencias a la Inspección Educativa.
Isabel Díaz Ayuso ha dejado entrever en la Asamblea de Madrid que se trabaja activamente en esta dirección. La presidenta sostiene que los alumnos de la educación pública son rehenes de una huelga política. Afirma que se han perdido 400.000 horas lectivas, lo cual afecta gravemente al alumnado que prepara las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). También recuerda la cancelación de optativas, festivales y excursiones programadas durante este periodo.
Frente a estas acusaciones, CC.OO., UGT, STEM CGT, CNT Queremos FP, Menos Lectivas y Educación Especial Digna han pedido a sus delegados que fotografíen los espacios antes y después de la eliminación. Esta acción busca documentar la vulneración del derecho a la huelga y sus reivindicaciones. Hoy, el profesorado ha acudido a los registros de las distintas direcciones de área territorial para presentar cartas dirigidas a la consejera. En algunas sedes, como la DAT Capital, se alegó que una supuesta incidencia informática impidió el acceso del personal docente a dichas instalaciones.
Los sindicatos exigen que la consejera escuche las peticiones del comité de huelga y se siente a negociar. El Ejecutivo madrileño responde que las demandas sindicales son inalcanzables. Yo considero que esta estrategia de silenciar la protesta en los espacios escolares es una maniobra clara para debilitar la movilización. No se trata de proteger la neutralidad, sino de castigar políticamente a un colectivo en lucha. La orden de prohibir incluso las camisetas verdes de identificación muestra la intención de borrar cualquier rastro visible de la resistencia docente.
| Elemento | Descripción según el documento oficial |
|---|---|
| Objeto de retirada | Pancartas, carteles, símbolos, dibujos y lazos |
| Espacios afectados | Fachadas, pasillos y demás espacios usados por menores |
| Excepción permitida | Tablones sindicales de los centros |
| Responsable de la retirada | Dirección del centro educativo |
| Consecuencia de la omisión | Valoración por parte de la Inspección Educativa |
La negativa del gobierno a negociar mientras impone sanciones administrativas revela una postura intransigente. Los docentes no aceptarán ser tratados como intrusos en su propio espacio laboral. La presión continua sobre los inspectores y directores demuestra que el conflicto ha escalado más allá de las aulas.
