El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACP) ha anulado el contrato municipal valorado en 50,7 millones de euros destinado a gestionar dieciocho centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género. La resolución, fechada el 8 de octubre, declara ilegales varias cláusulas que restringían el derecho a huelga y la libertad de expresión de la plantilla. El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida (PP) deberá iniciar una nueva licitación tras esta decisión, que invalida el proceso original publicado en agosto.
Cláusulas ilegales y reorganización del servicio
El tribunal estimó parcialmente los recursos presentados por Comisiones Obreras (CC OO) y Co.bas, quienes denunciaban inicialmente la falta de información sobre la subrogación de personal y la insuficiencia presupuestaria. Sin embargo, el órgano judicial se centró exclusivamente en dos puntos concretos: la potestad autónoma de la Dirección General para establecer servicios mínimos durante paros y la autorización previa municipal exigida para cualquier actividad pública o profesional de las trabajadoras. Según la sentencia, no puede existir una "autorización general previa sobre cualquier actividad pública o profesional de las personas trabajadoras".
El nuevo modelo unifica los antiguos Espacios de Igualdad y los centros de atención directa en los Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM). Esta red operará en dieciocho ubicaciones existentes y añadirá nuevos espacios en zonas como Puente de Vallecas. El contrato anulado se dividía en cinco lotes con una duración hasta diciembre de 2028, incluyendo una opción de prórroga de dos años. El precio inicial era de 24 millones de euros con IVA, ascendiendo a 50,7 millones si se ampliaba el periodo. Cuatorce empresas habían presentado ofertas para esta gestión, y el consistorio prometió que los centros estarían en marcha en enero de 2027 con 273 profesionales.
Una trabajadora de la red, que pide anonimato por miedo a represalias, critica duramente la mezcla de servicios. "Van a deshacer sus equipos para mandarlas por todo Madrid", señala la profesional, quien lleva seis años en el sector. Argumenta que la saturación actual impide acoger adecuadamente tanto talleres de sensibilización como casos activos de violencia, rompiendo vínculos esenciales con las víctimas. Meritxell Tizón, concejala del PSOE, califica la resolución como "un varapalo más" dentro de una serie de sentencias judiciales recientes contra proyectos municipales. Entre ellos figuran la tasa de basuras, las zonas de bajas emisiones y la ordenanza de terrazas.
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Valor total del contrato | 50,7 millones de euros |
| Precio inicial (IVA incluido) | 24 millones de euros |
| Número de centros | 18 |
| Profesionales previstos | 273 |
| Empresas ofertantes | 14 |
| Fecha límite inicial | Diciembre de 2028 |
El área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad indicó que corregirá las cláusulas afectadas y prorrogará los contratos actuales mientras dure el procedimiento administrativo. No hay fechas confirmadas para el lanzamiento de los nuevos pliegos. La oposición socialista denuncia que el modelo supone el desmantelamiento de la red existente y genera dudas sobre el anonimato y la seguridad de las usuarias al compartir espacios con actividades formativas generales.
