El Tribunal de Cuentas ha apreciado indicios de indebido uso de fondos públicos en la compra del ático de Chamberí por 6,3 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid. La consejera Rosario María Álvarez considera que existe una salida de dinero "carente por completo de justificación legal". Este auto de este jueves marca el inicio formal de una investigación profunda sobre la operación.
Cuatro dudas y un precio sospechoso
Álvarez enumera cuatro motivos específicos para dudar de la legalidad de la compra. Primero, la empresa pública Planifica solo puede adquirir inmuebles para un "uso administrativo". Segundo, el ático se encuentra en un edificio residencial, lo que lo hace inadecuado para ese fin. Tercero, un informe de julio de la Consejería de Presidencia justificó la compra priorizando el uso residencial. Cuarto, podría haberse pagado un sobreprecio significativo.
La resolución destaca que el inmueble sigue a la venta por 6,7 millones de euros, una cifra muy cercana al precio pagado más los impuestos. Según el texto judicial, esto "puede ser indiciario de que el mercado no ha absorbido el precio de venta fijado". La Fiscalía respalda esta decisión, lo que obliga al Consejo de Gobierno a nombrar a un instructor. Este nuevo responsable tendrá la capacidad de pedir documentación a las partes, tomar declaraciones y encargar informes técnicos sobre el valor real del ático.
Instrucción activa y presión política
La noticia llega cuatro meses después de que estallara el escándalo mediático, cuando se reveló que esta compra había permanecido oculta. La oposición de izquierdas vinculó la operación a un presunto interés de Ayuso en usar el inmueble como residencia oficial. Mientras el ciclo informativo se trasladaba a otros asuntos, las investigaciones permanecen activas en dos sedes: el Tribunal de Cuentas y un juzgado de instrucción de plaza de Castilla.
Javier Flores, abogado vinculado a la izquierda y personado como denunciante, adelantará en fase de instrucción que pedirá la suspensión del proceso de venta para "asegurar la prueba". Flores, conocido en redes sociales como Jota Vaquerizo, sostiene con firmeza que "Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada". Añade que si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños. Su postura es clara: llegarán hasta el final.
