La magistrada investiga a dos empleadas más por malos tratos en la guardería Pecas

Ampliación de la investigación en Pozuelo de Alarcón

La magistrada María del Carmen Neira acordó tomar declaración como investigadas a dos empleadas de la guardería Pecas, identificadas con las iniciales A. y L., lo que eleva el número de investigadas por presuntos malos tratos en el centro a nueve personas. La policía busca localizar e identificar a estas dos implicadas para avanzar en la causa por agresiones y tratos vejatorios contra menores de entre uno y tres años. El caso estalló a finales de 2023 tras la detención de la empleada Begoña, a quien se le impuso una orden de alejamiento, y de otra trabajadora llamada Tamara. El proceso se precipitó cuando una empleada grabó vídeos clandestinos. En dichas imágenes se apreciaban las humillaciones de las responsables hacia los niños. La investigación busca determinar la responsabilidad de las siete trabajadoras que ya figuraban como investigadas, incluyendo a la directora. La Fiscalía de Madrid se ha adherido a un recurso presentado por una trabajadora contra la ampliación de los hechos.

Escala de los abusos y cierre del centro

Las acusaciones particulares presentaron un escrito a finales de octubre de 2026 que documenta hasta 1.850 secuencias de malos tratos en el establecimiento. Esta cifra supera los 352 acontecimientos denunciados por los padres en noviembre de 2025, cuando detectaron una "pluralidad de hechos que no figuraban en los atestados policiales" tras visionar las pruebas. Los abusos registrados incluyen zarandeos de niños mientras duermen, cachetes en la cara, encierros en cuartos a oscuras y diversos tratos denigrantes. Las acusaciones sostienen que, aunque no todos los actos son agresiones físicas, la naturaleza de los hechos tiene relevancia penal por el trato recibido por los menores. Begoña y Tamara protagonizaban gran parte de las secuencias violentas o denigrantes identificadas por las partes. La guardería cerró sus puertas el 15 de febrero de 2024 tras ser precintada por el Ayuntamiento de Pozuelo debido a que operaba con cinco edificaciones sin licencia. La situación de los menores bajo el cuidado de estas empleadas fue indignante.