Los Mossos d’Esquadra han detenido a cincuenta personas, cuarenta y tres de ellas empresarios, por su presunta vinculación con una red criminal que gestionó la entrada irregular de inmigrantes. La organización generó más de 3,2 millones de euros mediante contrataciones fraudulentas, principalmente de ciudadanos paquistaníes. Se trata de la mayor investigación desarrollada hasta ahora por el cuerpo policial catalán contra un entramado especializado en autorizaciones de residencia y trabajo.
Estructura operativa y captación
La investigación acreditó una estructura estable, jerarquizada y activa desde 2019, asentada en Cataluña con ramificaciones en Pakistán. Los miembros actuaban como intermediarios entre los migrantes interesados en obtener permisos y los empresarios dispuestos a facilitar contratos falsos a cambio de dinero. El proceso comenzó con el análisis forense de equipos informáticos intervenidos en febrero de 2024 durante registros relacionados con tráfico de seres humanos con finalidad de explotación laboral. Esa inspección reveló la existencia de una nueva organización con integrantes afincados en Barcelona y colaboradores ubicados en Pakistán, lo que permitió trazar la magnitud real de la operación antes de proceder a las detenciones finales.
La red captaba a personas en Pakistán ofreciendo visados de trabajo y autorización de residencia a cambio de cantidades elevadas. En paralelo, se dirigía a quienes ya estaban en España en situación irregular para regularizarlos mediante contratos simulados. Los investigados confeccionaban documentación necesaria para expedientes de contratación en origen, incluyendo registros civiles y otros documentos administrativos. Para completar el proceso, contaban con la participación de empresarios que aportaban sus empresas como destino laboral y facilitaban la documentación requerida para tramitar los expedientes.
Beneficios económicos y medidas judiciales
Entre marzo de 2022 y julio de 2023, la organización tramitó 224 expedientes de contratación en origen, de los cuales 108 obtuvieron una resolución favorable. Las personas en Pakistán pagaban hasta 30.000 euros para obtener el visado, empadronamiento y contrato de trabajo. Quienes ya residían en España abonaban hasta 8.000 euros por acceder a contratos simulados que les permitieran iniciar procesos de regularización. Los empresarios participantes también percibían contraprestaciones económicas por facilitar sus sociedades mercantiles o la documentación laboral necesaria.
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Periodo activo | Desde 2019 |
| Expedientes tramitados | 224 |
| Resoluciones favorables | 108 |
| Ganancia estimada | Más de 3,2 millones de euros |
| Personas detenidas | 50 |
| Empresarios implicados | 43 |
El dispositivo policial se ejecutó en dos fases, los días 26 y 27 de octubre, con la participación de 81 efectivos de la División de Investigación Criminal. La mayoría de las detenciones se practicaron en Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs. También hubo arrestos en Sabadell, Terrassa, Vic, Sant Boi de Llobregat y Sant Vicenç dels Horts. Siete presuntos miembros de la organización fueron detenidos, tres de los cuales ingresaron en prisión. A estos se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de falsedad documental.
La investigación ha constatado que en algunos casos las personas contratadas terminaron desarrollando actividades laborales en condiciones precarias o cercanas a la explotación laboral. En otros, la relación era meramente ficticia y finalizaba poco después de obtener las autorizaciones administrativas, o incluso no llegaba a materializarse. La causa sigue abierta bajo la tutela de la plaza 27 sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona y de la Fiscalía de Tráfico de Personas y Extranjería, sin descartar nuevas detenciones relacionadas con los hechos investigados.
