La magistrada María Tardón ha citado a declarar como investigado al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, para el próximo 18 de noviembre. Esta medida convierte a Triano en el primer imputado en la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de más de 80.000 personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. La resolución no especifica los delitos concretos, pero se basa en las comunicaciones previas entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Delegación del Gobierno. Yo considero que esta imputación es un paso lógico dado el desmentido público de Triano sobre las alertas recibidas.
El choque de versiones y la cadena de mando
Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete de Triano, dimitió el 11 de septiembre tras afirmar que avisó a su superior de una alerta del CNI. El agente del CNI advirtió vía WhatsApp y llamada el 29 de julio sobre un llamamiento en redes sociales con 180.000 usuarios que promovía el cruce ilegal aprovechando la Fiesta del Trono. Triano negó inicialmente haber recibido esa información, lo que provocó la renuncia de Sanz, quien luego ratificó sus declaraciones ante la jueza el 1 de octubre. La tensión llegó a su punto máximo cuando La Moncloa desclasificó los documentos secretos el 8 de septiembre, confirmando que la Delegación sí recibió informes diarios antes del 30 de julio.
Un inspector de la Policía Nacional declaró que el 28 de julio le ordenaron abrir un carril especial para el cónsul español en Tánger, una práctica inusual que él resumió diciendo: "Es muy raro tener que habilitar un carril para alguien". Ese mismo testigo recibió una alerta de "riesgo extremo" a las 21.09 horas del día 29 y vio cinco patrulleras marroquíes en la zona, algo que calificó como inédito. El inspector jefe responsable de la frontera explicó que no recibió instrucciones para aumentar los medios porque la cadena de mando natural no funcionó. Afirmó que preguntó y no hubo indicación, dejando la sensación de que "se lo pusieron muy fácil" a quienes cruzaban la valla.
Anomalías técnicas o interferencia deliberada
Tardón ha requerido a la Comisaría General de Información un informe sobre anomalías en las comunicaciones operativas entre el 28 de julio y el 5 de agosto. Busca determinar si existieron "actuaciones coordinadas dirigidas a perturbar la capacidad de comunicación, coordinación o respuesta de los servicios públicos españoles". Un policía relató retrasos e interrupciones graves durante esos días, lo que generó sospechas de sabotaje digital. Sin embargo, la jueza señala que no hay "elemento objetivo alguno" de una interferencia deliberada hasta ahora, por lo que aplaza otras diligencias solicitadas por la Fiscalía.
La instructora también reclama al Centro de Operaciones de Servicio de la Guardia Civil las grabaciones de llamadas entre las 00.01 horas del 30 de julio y las 23.59 horas del 31 de julio. Estos informes previos permitirán verificar si la degradación de las comunicaciones obedeció a causas técnicas ordinarias por saturación o a un ataque intencionado. La eficacia de cualquier dispositivo de seguridad depende esencialmente de la normalidad de sus sistemas de transmisión de información. Si se confirma una perturbación grave, será imprescindible esclarecer quién la causó y cómo afectó a la respuesta estatal. La investigación sigue abierta mientras se recopilan estos datos técnicos clave.
| Fecha | Evento relevante | Detalle específico |
|---|---|---|
| 28 de julio | Orden policial | Carril especial para el cónsul en Tánger |
| 29 de julio | Alerta CNI | Aviso a Sanz sobre 180.000 usuarios en redes |
| 30-31 de julio | Entrada masiva | Más de 80.000 migrantes cruzan la frontera |
| 8 de septiembre | Desclasificación | Documentos secretos revelan informes previos |
| 11 de septiembre | Dimisión Sanz | Jefe de Gabinete abandona su cargo |
| 18 de noviembre | Citación judicial | Interrogatorio de Pérez Triano a las 10.00 h |
