Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se han personado este jueves en la sede del Tribunal de Cuentas, situada en la calle Padre Damián de Madrid, para solicitar nueva documentación. El objetivo es esclarecer un descuadre detectado entre los justificantes bancarios aportados por el Partido Socialista y los informes que el propio órgano fiscalizador remitió a la Audiencia Nacional. Esta actuación responde a una orden directa del juez Ismael Moreno, instructor de la pieza secreta del caso Koldo que investiga la presunta financiación irregular del partido. Los agentes actúan bajo secreto de sumario y con la presencia de la letrada de la Administración de Justicia de la Audiencia Nacional.
Un desfase en los datos y sospechas de blanqueo
La investigación analiza las aportaciones recibidas por el PSOE entre 2017 y 2024, periodo en el que el partido entregó 39 justificantes bancarios y una tabla explicativa para acreditar sus movimientos de efectivo. Según fuentes policiales, existe una discrepancia en las cuantías de dinero que recibieron las cuentas del partido, lo que obliga a cruzar nuevamente los datos con la contabilidad fiscalizada. El magistrado Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, derivó el asunto a Moreno tras señalar que ciertas liquidaciones de gasto no terminaban de encajar en la documentación presentada por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que podría existir un desfalco contra la formación política, mientras que el abogado Alberto Cachinero defiende que la caja de Ferraz es "la única que existe" para esos pagos.
El juez sospecha que la falta de controles permitía blanquear fondos obtenidos de actividades ilegales mediante gastos anticipados devueltos al partido. Víctor de Aldama declaró en esta causa el 8 de julio, dos semanas después de ser condenado a cuatro años y medio de cárcel por el caso mascarillas. El comisionista entregó un sobre supuestamente recibido de Delcy Rodríguez, que contenía información sobre una presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista. El despacho legal socialista argumenta que los gastos de afiliados y simpatizantes se pagaban con metálico de esa cuenta específica, negando cualquier opacidad en la gestión.
Otras líneas de investigación paralelas
Además de las donaciones, la UCO ha solicitado información sobre un presunto fraude de fondos europeos relacionado con las pulseras antimaltrato adquiridas por el Ministerio de Igualdad. Este organismo es responsable de investigar los delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión Europea. La semana pasada, los agentes también recabaron documentación sobre los accidentes ocurridos en Adamuz y Urda. El pendrive inicial con toda la contabilidad del partido llegó al juzgado el pasado diciembre, tras una solicitud previa del Supremo antes de las vacaciones estivales.
El proceso busca confirmar si se camuflaban pagos de constructores a cambio de amaños en obras públicas. Las fuentes del tribunal califican esta colaboración como parte de su función habitual. El próximo mes de diciembre se cumplirá un año desde que la causa se declarara secreta. La complejidad de los datos exige verificar cada movimiento bancario individualmente para descartar o confirmar las irregularidades señaladas por la instrucción judicial.
