La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, con lo que se mantiene abierta la investigación sobre los 200.000 euros cobrados del grupo peruano Gloria. Los magistrados han confirmado que existen indicios suficientes para ahondar en esta relación comercial y política, descartando la petición inicial del expresidente de frenar las indagaciones del juez José Luis Calama. La decisión judicial llega tras un proceso largo donde la parte acusada insistió en que el pago correspondía a servicios legales de consultoría, una versión que ahora se ve reforzada por las pruebas documentales aportadas por la policía.
El origen de la sospecha policial
El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de junio reveló que Zapatero pudo haberse reunido o contactado con altas esferas políticas de Bolivia durante su viaje a La Paz y Sucre en septiembre de 2024. Según el atestado, el objetivo era tratar de mediar o influir a favor del conglomerado empresarial Gloria en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública boliviana, específicamente para evitar una multa o indemnización pendiente de pago. Las comunicaciones interceptadas en el registro de la oficina del expresidente en la calle Ferraz de Madrid fueron determinantes para conectar estos hechos con el procedimiento principal del caso Plus Ultra.
Los jueces subrayan que no puede compartirse el criterio de la parte apelante sobre la ausencia de indicios previos, ya que surgieron nuevos datos que apuntaban a un posible delito de tráfico de influencias ante las autoridades de Bolivia a favor del grupo peruano Gloria. El tribunal aclara que el análisis de los pagos efectuados a nombre de Focus Social Research no constituye una actuación prospectiva ni un escrutinio general e indiscriminado de la vida del exdirigente socialista. Se parte de un dato obtenido legítimamente en el curso de diligencias encaminadas a esclarecer hechos presuntamente delictivos que constituían el objeto de la causa en ese momento.
Argumentos de la defensa y respuesta judicial
La defensa de Zapatero denunció que el magistrado había extendido sus pesquisas de forma injustificada a cualquier actuación personal o profesional del exlíder socialista, argumentando que el pago se correspondía con labores de consultoría legal. Sin embargo, la sección tercera de lo Penal respalda la inclusión de este nuevo frente investigativo al considerar que la conexión con el objeto del procedimiento es clara y directa. Los agentes sospechan que el dinero se camufló presuntamente a través de la compañía Focus como servicios de asesoramiento, ocultando así la verdadera naturaleza de la intermediación realizada con las autoridades sudamericanas.
Este varapalo judicial representa un nuevo obstáculo para el expresidente, quien ya había intentado sin éxito expulsar de la causa el informe inicial de la UDEF. La resolución confirma que la investigación sigue adelante con fuerza, centrada en verificar si hubo una organización dedicada a la comisión de delitos de tráfico de influencias. La negativa a excluir las pruebas basadas en las conversaciones intervenidas en el móvil de la secretaria de Zapatero consolida la posición de la Fiscalía y del juez instructor en este complejo entramado de intereses económicos y políticos internacionales.
