El Consejo de Ministros aprobó este martes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana. La norma, conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos de 2026, se aprobó en Les Corts a finales de julio con los votos del PP y Vox. El Ejecutivo central busca anular veinte artículos específicos de los doscientos que componen la ley, agrupados en seis bloques temáticos distintos. La ministra portavoz, Elma Saiz, anunció la medida tras la reunión del Gabinete, destacando que varios preceptos vulneran condiciones básicas de igualdad. El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, calificó de "evidente" la necesidad de llevar esta legislación al Tribunal Constitucional para velar por la igualdad efectiva entre los ciudadanos.
Los bloques impugnados y sus fundamentos jurídicos
El primer bloque ataca el principio de "prioridad nacional" en el acceso a la vivienda protegida y a las prestaciones sociales. La ley introduce criterios de arraigo vinculados a la comunidad autónoma, lo que condiciona el acceso según el origen del solicitante. El Gobierno argumenta que esto vulnera el artículo 14 de la Constitución y el mandato de igualdad material efectiva del artículo 9.2, tanto para extranjeros como para nacionales. En el ámbito educativo, se impugna la degradación del carácter imperativo de la promoción de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI. Según el Ministerio, se sustituye una obligación legal por una previsión potestativa, infringiendo así el artículo 149.1.30ª de la Constitución, que configura esta materia como competencia estatal básica e ineludible para cualquier administración.
Sobre derechos de la infancia, la norma extiende la protección del derecho a la vida a los "no nacidos", contradiciendo el artículo 15 y alterando el régimen jurídico de la personalidad, que se adquiere con el nacimiento. Esta modificación invade competencias estatales sobre extranjería al priorizar la reagrupación familiar de menores tutelados sin sujetarla a las garantías de la ley estatal, vulnerando el artículo 149.1.2ª. Además, se considera inconstitucional la limitación para ofrecer menús alternativos por razones culturales o religiosas en centros educativos. El quinto bloque cuestiona los proyectos estratégicos de energías renovables por invadir competencias en medio ambiente, régimen energético y planificación general de la actividad económica. Finalmente, se denuncia la exigencia de diez años de antigüedad mínima para que funcionarios de otras administraciones accedan a puestos de dirección pública profesional, una barrera que no se aplica a los empleados de la propia Generalitat y que viola los artículos 23.2 y 14.
| Bloque impugnado | Artículo constitucional afectado | Motivo principal |
|---|---|---|
| Prioridad nacional | Art. 14 y 9.2 | Discriminación por origen |
| Igualdad LGTBI | Art. 149.1.30ª | Pérdida de carácter imperativo |
| Derechos de la infancia | Art. 15 y 149.1.2ª | Protección de "no nacidos" |
| Rostro descubierto | Art. 14 | Efecto disuasorio y discriminatorio |
| Energías renovables | Competencias estatales | Invasión de competencias |
| Función pública | Art. 23.2 y 14 | Antigüedad mínima desproporcionada |
